El informe presentado por Alerta Venezuela destaca que el tema de los grupos armados irregulares ha sido eludido o coaccionado por el gobierno de Maduro, representantes de la oposición y el gobierno de Gustavo Petro; impidió la creación de una “estrategia que permitiera su destrucción y la restauración de los territorios controlados por ellos”
Durante la última década han florecido en el país grupos armados irregulares, en particular grupos paramilitares, bandas del crimen organizado y organizaciones irregulares de origen colombiano, que controlan el territorio, afectan la gobernabilidad, constituyen una barrera para la restauración de la institucionalidad, la democracia y el estado de derecho y causas «afectar gravemente los derechos del pueblo venezolano y restringir el acceso a las actividades humanitarias”.
Él informe “Una tragedia olvidada: el impacto humanitario y de derechos humanos de grupos armados insólitos en Venezuela”, presentado este viernes 23 de junio por Alerta Venezuela, destacando que a pesar de los desafíos que plantea esta situación, este es un tema ausente del debate público, tanto por el gobierno y la oposición y las autoridades colombianas.
Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, encargada de presentar el documento, explicó que las actividades de estas tres organizaciones “sólo pueden realizarse con la anuencia o complicidad de las autoridades civiles y militares a nivel nacional o local” y agrega que estos grupos ejerzan funciones del Estado en áreas donde éste no está presente, asumiendo que existen vacíos en áreas como convivencia comunitaria, justicia, gestión de servicios y guardia armada.
“De esta manera, se configura el llamado ‘gobierno criminal’, creando en la población una cultura de aceptación para resguardar su propia seguridad frente a la fuerza armada inusitada”, subraya el informe.
Este estudio muestra que entre los derechos afectados por los grupos armados que componen la vida en este país, se destacan: la vida, la integridad personal, las libertades individuales y del paisaje, el desplazamiento interno, el derecho a salir y regresar al país, la reunión pacífica, la libertad política. derecho, derecho a participar, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos indígenas, tráfico y trata de personas, explotación infantil, derechos de la mujer, derecho al trabajo y libertad económica.
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institución silenciosa
El informe también destaca que el tema de los grupos armados irregulares ha sido evadido o manejado coaccionadamente por el gobierno de Maduro, representantes de la oposición y el gobierno de Gustavo Petro; impidió la creación de una “estrategia que permitiera su destrucción y la restauración de los territorios controlados por ellos”.
Los investigadores señalan que la oposición tampoco aborda el tema, “ya sea por desconocimiento y miedo a lo desconocido o porque se sienten incapaces de manejar la situación”.
En el caso de Colombia, dicen que “la situación no es muy diferente” porque “no se ha avanzado en mejorar las opciones de desmovilización de los miembros del ELN (Ejército de Liberación Nacional) ni de la disidencia con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias). de Colombia) en Venezuela» y actualmente el gobierno de Petro limita el proceso de negociación con el ELN a quienes viven en territorio colombiano, pues quedan excluidos de la ecuación quienes actúan en tierras de Venezuela.
Recomendaciones
Desde Alerta Venezuela ofrecen propuestas para los diferentes actores que componen la vida de la sociedad venezolana.
Sugiere que el gobierno diseñe una estrategia que permita la remoción de los grupos armados irregulares y la restauración de los territorios a través de una respuesta represiva proporcionada y ajustada a los estándares internacionales, incorporando una respuesta represiva Aplicar mecanismos que ayuden a resolver problemas estructurales. razones para promover el surgimiento y crecimiento de los grupos antes mencionados, incluyendo la ocupación territorial a largo plazo de los espacios restaurados, y para definir el papel del Gobierno en el proceso de paz en general, pueden estar relacionados con la presencia del ELN en el territorio de Venezuela , teniendo en cuenta el carácter bilateral de este grupo, si bien opera en ambos lados de la frontera, tiene diferentes propósitos políticos, por lo que pide definir el rol de Venezuela.
Para los involucrados en las negociaciones entre el Gobierno y la oposición: reconocer la existencia de grupos armados que controlan el territorio y su capacidad de gobernabilidad y su impacto en la capacidad de gobernar del país, reconocer el impacto en los derechos humanos de las personas y su acceso a la acción humanitaria , asumiendo un acuerdo político para lograr la seguridad territorial, con el asesoramiento y apoyo de las Naciones Unidas, basado en el restablecimiento de la gobernabilidad; llevar al espacio de negociación y diálogo entre el gobierno y la oposición las consideraciones y compromisos contenidos en la Declaración de Ginebra sobre la Violencia y el Desarrollo Armado; entre otras recomendaciones.
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