El reglamento prevé una pena de 12 años de prisión para quienes participen o promuevan actos relacionados con el fascismo. Los expertos advierten sobre la inexactitud de sus conceptos. Temen que sea una nueva herramienta de censura y castigo a la disidencia
La ley Antifascismo impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro y a punto de ser aprobada por el Congreso es una ley “criminal” que podría usarse para censurar y castigar a los disidentes. según expertos en derechos humanos.
Esta semana, la Asamblea Nacional, con mayoría a favor del gobierno, recibió un proyecto de ley antifascismo de manos de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y lo aprobó en su primera discusión. En cuanto se apruebe en la siguiente fase, Maduro lo sancionará.
La norma incluye 30 artículos y define el fascismo y el neonazismo como “métodos violentos de acción política”, explicó Rodríguez a los legisladores, poniendo el ejemplo de las protestas callejeras contra el chavismo en 2014 y 2017.
La mano derecha de Maduro mencionó las expresiones “abiertamente fascistas” de algunos partidos políticos que defienden sanciones económicas y utilizan lemas como “hasta el final”, dando a entender claramente el leitmotiv de la ganadora de las primarias presidenciales opositoras, María Corina Machado, y su Movimiento político Vente Venezuela.
Expertos advierten que el proyecto de ley aprobado en su primera versión aún no ha sido publicado por el legislativo venezolano ni por el gobierno de Maduro.
Sólo se conocen algunos aspectos, como la pena de ocho a 12 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos a quien “solicite, incite, promueva o cometa actos de violencia” como parte del ejercicio de sus derechos políticos.
Se revocará la licencia de cualquier emisora de radio o canal de televisión que difunda “mensajes prohibidos” que puedan ser considerados fascistas o “de naturaleza similar”.
Además, también se esperan multas de hasta $100.000 para los “medios electrónicos o impresos” donde se difundan este tipo de mensajes. Los movimientos políticos que se considere que “se disculpan” por el fascismo no podrán reunirse ni manifestarse.
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Conceptos populares del fascismo.
La abundancia de “conceptos vagos” que pueden aplicarse a voluntad es una de las principales preocupaciones, como en el caso de la Ley Antiodio, aprobada en 2017. Voz de América, Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.
Destaca que esta norma incluye referencia a la crítica, considerando a las instituciones como parte de lo punible. “Criticar decisiones objetables es una parte natural de la práctica democrática. La ley castiga con multas altísimas a quien la viole”, advirtió.
Lusverti compara su formulación con la de otras leyes penales aprobadas por el oficialismo venezolano, como la norma contra el odio y la reciente norma para proteger el Esequibo, con conceptos que no “criminalizan” precisamente y se utilizan “para reprimir la disidencia”.
Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz son algunas de las ONG venezolanas que han expresado su preocupación por la ley.
Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente del Foro Penal, dijo que veía similitudes en la descripción que hizo el tribunal penal del proyecto antifascista, como “ubicuo y extremadamente extendido”, con lo observado en ese momento en la Ley Antiodio, basada en que al menos 79 personas han sido “criminalizadas” en los últimos 6 años, según sus registros.
“Puede dar lugar a arbitrariedades gravísimas (…) Se está asestando un golpe muy fuerte a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia”, dijo este jueves a la prensa.
Disuasión preelectoral
Eduardo Trujillo, abogado de derechos humanos y profesor investigador del centro del tema de la Universidad Católica Andrés Bello, comentó que la ley aborda aspectos “ya mencionados en la Constitución” del país, donde se prima la igualdad ante la ley y toda forma de discriminación. están estrictamente prohibidos.
El texto no sólo “diferiría algo del contenido histórico real” del fascismo como movimiento totalitario en Italia en la primera mitad del siglo XX, sino que también se convertiría en “un elemento que desalienta la participación política y puede ser un efecto de tendencias anteriores”. .” -El proceso electoral que tiene Venezuela hoy”, dijo Trujillo a la VOA.
Su principal preocupación por declarar inexistentes a las personas jurídicas viola el fundamento de la nueva ley ya que “quién o con qué fin” determinará que un acto, expresión o conducta de una persona natural o jurídica tiene esa implicación.
Por su parte, el abogado constitucionalista Tulio Álvarez consideró “curioso” que el Gobierno calificara a sus socios de “fascistas” en esa ley y en discursos públicos, porque sus políticas están “completamente alejadas de la práctica de la democracia”.
“Esta ley pretende desviar la atención de la violación del Acuerdo de Barbados y de la cuestión electoral”, como denunció la oposición tradicional antes de las elecciones, añadió Álvarez en conversación con la Voz de América en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
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