Los acreedores de PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, pueden ver frustradas sus esperanzas de recuperación de la deuda después de que un tribunal de apelaciones de Nueva York decidió en 2016 aplicar la ley venezolana para determinar la validez de los bonos emitidos por la compañía.
Según el informe de Bloomberg, el tribunal estadounidense consideró que “ciertas disposiciones de la constitución venezolana son relevantes para la validez del título”, lo que abre la puerta a considerar los argumentos de la junta ad hoc de PDVSA. La oposición venezolana, que sostiene que el préstamo es ilegal porque nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional.
La decisión del tribunal provocó que el precio del bono 2020 cayera, de 0,9 dólares a aproximadamente 0,79 dólares, según operadores que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato. Los bonos están respaldados en un 50,1% por acciones de Citgo, filial estadounidense de PDVSA, y sus acreedores esperaban que pronto se pusieran a la venta en virtud de otras órdenes judiciales estadounidenses.
Sin embargo, el futuro del mayor activo venezolano en el exterior sigue siendo incierto, ya que el caso podría ser enviado a otro tribunal en Nueva York para resolver el caso presentado por PDVSA y PDV Holdings, considerando la constitución venezolana y los acuerdos emitidos por la Asamblea Nacional. Explicó el abogado José Ignacio Hernández, quien fue procurador del extinto gobierno interino de Juan Guaidó.
Para otros expertos, la situación es menos clara y sin fecha de resolución. “La duración de este proceso legal es incierta y su impacto en la subasta de Citgo sigue sin estar claro”, dijo Ricardo Penfold, director gerente de Seaport Global, “si los bonos se vuelven legales, la pregunta es cuándo”.
Además, un tribunal de Delaware está preparando por separado una subasta de acciones de PDV Holdings, el único accionista indirecto de Citgo, cuyas ganancias deben usarse “para pagar a los acreedores aprobados por el tribunal”.
Así, el asunto navega en la incertidumbre, mientras el sistema judicial estadounidense se centra en la ley venezolana y la AN electa en 2015.
