La medida de emergencia en Perú tendrá una duración de 60 días y afecta específicamente a Trujillo, tercera ciudad del país y eje industrial en el norte del país, así como a la provincia de Pataz, donde se han arraigado las mafias ilegales del oro.
El 12 de febrero, Perú declaró el estado de emergencia en dos provincias de la región de La Libertad, lo que permitió a las Fuerzas Armadas intervenir junto a la policía ante el aumento de bandas internacionales especializadas en extorsión y explotación ilegal.
La medida tendrá una duración de 60 días y afecta específicamente a Trujillo, tercera ciudad del país y centro industrial del norte de Perú, así como a la provincia de Pataz, donde se ha arraigado la mafia ilegal del oro.
“El Estado peruano no dudará en enfrentarlos y neutralizarlos”, dijo en conferencia de prensa el Ministro de Defensa peruano, general retirado Jorge Chávez.
Según el primer ministro Alberto Otárola, el Gobierno justificó la decisión alegando que había una “creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y a la minería ilegal”.
En Trujillo y Pataz se ordenó suspender los servicios en establecimientos comerciales, eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada “hasta que se controle por completo la ola delictiva”.
Extorsión y asalto en Perú
Las autoridades peruanas acusan a bandas organizadas de cometer sicariato, extorsión y actos de terrorismo contra la policía. RFI.
Según las autoridades, el crimen organizado ha cambiado drásticamente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria venezolana, el tráfico de armas y la presencia de pandillas como el Tren de Aragua venezolano.
Según cifras oficiales, en Trujillo este año ha habido casi un muerto cada día.
Por su parte, en Pataz, unas 20 bandas mineras ilegales de oro fueron acusadas de volar 7 torres de alta tensión, atacar con explosivos a empresas mineras oficiales y a fuerzas policiales.
“Pataz es la peor expresión respecto a lo que se podría considerar inseguridad de las personas: extorsión, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas”, enfatizó Otárola, insumo químico”.
Los crecientes disturbios llevaron al Gobierno de Dina Boluarte en Perú a crear en noviembre pasado una fuerza de élite para luchar contra la extorsión, un delito que se ha disparado en el último año con la presencia de cárteles internacionales que amenaza a comerciantes y pequeños empresarios.
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