El abogado y criminólogo Luis Izquiel cree que lo ocurrido en Petare refleja la impunidad de los grupos armados que operan en Venezuela.
Carta: Corre corre
El domingo 4 de febrero por la noche, horas después de que el presidente Nicolás Maduro celebrara otra vez el golpe fallido liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez, grupos armados y uniformados Bloquearon el barrio del vial de Petare en Caracas exigiendo la liberación de compañeros detenidos en la sede contigua de Polisucre.
Portando armas, el grupo de unos 20 hombres bloqueó el tráfico por la noche, asaltó el transporte público y quemó basura.
“El 23 de enero la policía municipal de Sucre saboteó la economía informal para cerrarle el paso a nuestro Gobierno revolucionario, hoy nos atacaron y arrestaron a 20 hombres… estos este policía es el brazo armado de la oposición y ahí es donde Llegó el golpe de Estado… Chávez vivió”, dijo un hombre parado al lado de los sujetos vestidos con uniformes negros, chalecos antibalas y las montañas que pasaban gritaban.
«Después de confesar, liberar las pruebas»
Efectivamente hubo presencia policial en Petare. Amenazas contrarrestadas @PolisucreOficia pic.twitter.com/hO81l8kgQi-Daniel Guillermo Colina (@danielgcolina) 5 de febrero de 2024
Unas horas más tarde, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, indicó que la situación en Petare estaba controlada a través del diálogo.
“Y al activar un despliegue especial con organismos de seguridad, el pueblo puede estar seguro de que preservaremos la paz”, afirmó el funcionario.
El fiscal impuesto por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, no se pronunció al respecto.
¿Qué pasó con los grupos detenidos en Petare?
Según el penalista y profesor de criminología, Luis Izquiel, lo ocurrido en Petare refleja la impunidad con la que operan los grupos armados en Venezuela.
“Desafortunadamente, la anarquía difundida por colectivos es un crimen de larga data en Venezuela. La mayoría de estas personas no fueron castigadas por las fechorías que cometieron públicamente, dijo Izquiel, sugiriendo que contaban con el apoyo de personas poderosas del país.
Los expertos subrayaron que, según la ley, las personas que no sean fuerzas de seguridad no pueden portar armas.
Y añadió: “En Venezuela existe desde hace mucho tiempo una prohibición de portar armas para la mayoría de los civiles, sin embargo, muchos miembros de estos grupos de autodefensa caminan por las calles con armas sin ninguna sanción. ¿Qué castigo?
Según información extraoficial, los grupos detenidos en la sede del Polisucre debieron ser liberados por los propios policías, informó Izquiel.
“Esto constituye una ilegalidad, porque una vez detenidos deben ser presentados ante un juez de control penal, quien en última instancia debe decidir si continúan detenidos por si el delito que se dice que cometieron fue flagrante o no. es posesión ilegal de armas y robo”, explicó.
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