En este año electoral, el panorama político en Venezuela se vuelve complejo y lleno de interrogantes. El futuro de las elecciones presidenciales, la participación de Nicolás Maduro y la posibilidad de que María Corina Machado se convierta en la candidata opositora son las incógnitas que marcan el inicio de 2024.
Datos desconocidos sobre las elecciones.
Aunque se espera que las elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024, la fecha aún no ha sido oficializada por la autoridad electoral. Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición bajo la mediación noruega han planteado esta posibilidad, sujeto al apoyo de observadores internacionales y a la apertura de elecciones transparentes para levantar las sanciones económicas de Washington.
Incertidumbre que rodea a Maduro
El actual presidente Nicolás Maduro no ha confirmado su candidatura a la reelección. Aunque ha insinuado su implicación, aún no ha dado una respuesta definitiva. Su papel dentro del partido gobernante PSUV parece ser el de un “símbolo sindical” en un contexto político interno marcado por divisiones y decadencia de imagen.
La lucha de María Corina Machado
Su rival María Corina Machado, que ganó las primarias con un apoyo abrumador, enfrenta una prohibición de 15 años para ocupar cargos públicos. La continua incertidumbre sobre su participación legal en las elecciones, a pesar de su apelación ante el Tribunal Supremo, plantea dudas sobre la unidad y la fuerza de la oposición en las elecciones.
Contexto económico y perspectivas
El escenario económico en Venezuela muestra señales mixtas. Según la Cepal, pese a la previsión de crecimiento del 4,5% para 2023, hay pronósticos revisados que apuntan a una posible recesión. La economía, que se vio fuertemente afectada por la recesión económica y el colapso del petróleo, experimentó cierta recuperación con la flexibilización de los controles, aunque la inflación continuó siendo alta.
El año electoral en Venezuela presenta un escenario complejo y lleno de desafíos políticos y económicos. Se desea garantizar transparencia y apertura en el proceso electoral para fortalecer la legitimidad del resultado. Las autoridades deben centrarse en promover un entorno inclusivo que permita la participación de todos los actores políticos, evitando barreras injustas a la participación de los candidatos. También se recomienda abordar las expectativas económicas de manera equilibrada y cautelosa, teniendo en cuenta el impacto de las elecciones en la estabilidad del país.
