La suspensión de la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, tiene como objetivo garantizar que la investigación en su contra pueda avanzar sin interferencias
Carta: RFI/AFP
La Comisión Judicial Nacional de Perú suspendió la noche del miércoles por seis meses a la fiscal general, Patricia Benavides, quien es investigada por presunto abuso de influencia y favores políticos.
Un comunicado de la Comisión Judicial Nacional, órgano encargado de nombrar, aprobar y destituir a jueces y fiscales, señaló: “Se ordena la suspensión temporal por seis meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio de Obras Públicas.
La suspensión de Benavides tiene como objetivo garantizar que el procedimiento disciplinario seguido por el cargo de cabecilla de una red criminal se desarrolle con normalidad y “evitar su obstrucción”, añade el comunicado.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, se pronunció hace una semana contra la continuidad de la autoridad del cuestionado fiscal general.
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Benavides presentó una denuncia ante el Congreso el 27 de noviembre acusando a Boluarte del asesinato del presunto responsable de la represión de las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertos tras su llegada al poder hace un año.
La denuncia contra Boluarte se produjo luego de que Benavides fuera acusado por los fiscales de liderar una red criminal presuntamente atrincherada en los más altos niveles de la fiscalía, desde la cual presuntamente realizaba tráfico de influencias con el Congreso e intercambio de favores políticos.
La titular de la fiscalía dijo que no renunciaría, mientras que desde la Asamblea Nacional algunas voces la defendieron y señalaron que se trataba de un complot para frenar las investigaciones.
Hasta ahora, el fiscal ha sido considerado un aliado de la alianza conservadora entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional desde la formación del actual gobierno.
La acusación contra Boluarte podría llevar a la destitución del presidente, que podría tardar semanas en ser admitida, pero también podría usarse como factor de presión en la pugna entre el Gobierno y el Congreso.
Boluarte asumió el poder en diciembre pasado después de que Pedro Castillo fuera despedido por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
Después de su llegada al poder, estallaron protestas que mataron a 54 personas, incluidos 6 soldados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unas 20 víctimas murieron por heridas de bala disparadas por fuerzas militares.
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