Las víctimas venezolanas confirman que la investigación de la CPI es su única oportunidad de ser escuchadas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes en el país. Sus consideraciones coincidieron con el informe emitido por el fiscal Karim Khan, quien alegó que el Estado venezolano no tiene la estructura jurídica para perseguir presuntos crímenes de lesa humanidad, ni cadena de mando (limitada a los perpetradores) y no procesar delitos basados en la represión. , tortura, privación arbitraria de libertad, violación o abuso sexual, pero los cargos fueron alterados o “diluidos”
Más de 2.700 víctimas venezolanas han presentado denuncias ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (IPC) aprobar la investigación realizada por el fiscal Karim Khan sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
El informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) recogió las opiniones de 2.684 víctimas individuales y 104 familias, quienes presentaron 172 documentos que fueron remitidos a los jueces de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas. Aseguraron que continuaron ocurriendo crímenes de lesa humanidad en el país, incluso después de la decisión de permitir que el fiscal de la CPI continuara la investigación.
Las víctimas venezolanas alegan que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere ni puede realizar investigaciones sobre estos presuntos crímenes, así como procesar a los autores de estos hechos. Alegan que el sistema judicial venezolano se caracteriza por la falta de independencia, imparcialidad, capacidad o recursos; así como múltiples violaciones a los procesos judiciales y a la “protección” de la propiedad del autor y de la propiedad intelectual.
Según los comentarios recibidos, los procesos penales en el país son extremadamente limitados y no reflejan plenamente la investigación planificada por el fiscal de la CPI, incluyendo delitos de asesinato (ejecución extrajudicial), prisión o privación grave de la libertad física, tortura, violación y otros crímenes. formas de violencia sexual, deportación y represión por motivos políticos.
Las consideraciones de la víctima coincidieron con el informe de Karim Khan. Según el fiscal de la CPI, el Estado venezolano no tiene una estructura jurídica para juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad, no investiga la cadena de mando (limitada sólo a los perpetradores) y no juzga a criminales basados en la represión, la tortura, la privación arbitraria de la libertad, violación o abuso sexual, sino cargos alterados o “diluidos”.
Además, las víctimas venezolanas confirman que la investigación de la CPI es su única oportunidad de ser escuchadas, de quedar impunes y de prevenir futuros crímenes en el país.
“También se reiteran las preocupaciones de seguridad, ya sea por parte de la(s) víctima(s) que presentan opiniones e inquietudes, familiares, individuos u organizaciones de apoyo a las víctimas, abogados, etc., independientemente de si residen actualmente” en Venezuela o en otro lugar. “La víctima mencionó repetidamente el miedo a represalias”.
Por ello, solicitan que los jueces de la Sala de Apelaciones mantengan en secreto sus identidades, que los procedimientos sean rápidos y transparentes; así como divulgación y comunicación periódica con las víctimas en español; y participación real en posibles procedimientos legales futuros.
La Sala de Apelaciones de la CPI escuchará el informe en su momento audiencia para decidir si la investigación debe continuar en Venezuela, se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. En el proceso también participarán representantes del Estado venezolano, la Oficina de Protección Pública a las Víctimas y el Fiscal Khan.
El proceso ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad se inició en 2018 y el 27 de junio de 2023, la Sala de Primera Instancia ordenó continuar con la investigación, pese a la negativa de Miraflores. El gobierno de Maduro ha apelado esta decisión,
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