OCHA indicó que su objetivo para finales de 2023 es llevar algún tipo de ayuda humanitaria a 5,3 millones de personas en Venezuela
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH, en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó en su más reciente informe que, entre enero y agosto de 2023, se entregó algún tipo de ayuda humanitaria a 1,7 millones de personas. es decir, entre julio y agosto se atendió a 200.000 personas, ya que el balance final arroja ayuda 1.5 millones.
Según cifras publicadas por OCHA, al menos 1,2 millones de venezolanos han recibido asistencia médica; 592.000 para seguridad alimentaria; 550 mil para agua potable y saneamiento; 385 mil protección; 179 mil para protección general y 151 mil para nutrición, entre otros rubros.
La presencia de esta agencia de la ONU junto a ONG aliadas se evidencia en el Distrito Capital y 23 estados del país en 308 municipios; aunque todavía están lejos de atender a su población objetivo de 5,2 millones para lo que resta de 2023.
Además, también cuentan con el apoyo de 151 organizaciones no gubernamentales sobre el terreno, de las cuales 103 son organizaciones nacionales y 28 son organizaciones internacionales. Es decir, participaron 20 personas y a julio había 131 personas trabajando.
El Municipio Libertador del Distrito Capital tiene el mayor número de instituciones (54) según estadísticas de OCHA, seguido de Maracaibo (46), Sucre (Miranda, 44); Caroní (Bolívar, 37); Sucre (Sucre, 36), San Cristóbal (Táchira, 34); Iribarren (30); San Fernando de Apure (28), Angostura del Orinoco (28) y Páez (Apure, 27).
El año pasado, Naciones Unidas recibió 309,6 millones de dólares de diversos donantes para administrar la ayuda humanitaria en Venezuela, lo que representa el 38,9% del monto necesario y llega a 2.800.000 personas en necesidad urgente. .
La organización afirmó que en 2022 había hecho tres “grandes contribuciones” para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país: “llegar a los más vulnerables” mediante algún tipo de apoyo, apoyar la recuperación socioeconómica -después de 8 años de recesión- y “contribuir al diálogo social y a la resolución de cuestiones de derechos humanos”
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