El viernes 22 de septiembre, el Juez 10° del Juzgado ordenó el traslado a fase de juicio del caso del asesinato de Nazareth Marín. Los resultados de la exhumación del cuerpo de la joven fueron rechazados porque este expediente se perdió.
Carta: Glorimar Fernández
El juez 10° de Control, Sergio Moncada, reiteró la privación de libertad de cuatro personas presuntamente involucradas en el asesinato de mujeres en Nazareth Marín y ordenó su traslado a proceso, durante una audiencia preliminar que se inició el jueves 21 y se extenderá hasta las primeras horas del día y noche del viernes 22 de septiembre.
Una novedad ocurrida durante este período fue la pérdida de los certificados de cadena de custodia de las pruebas de ADN, que eran tomados a víctimas y cadáveres luego de la exhumación.
En la audiencia estuvieron presentes familiares de la joven desaparecida el 19 de marzo en un balneario de La Guaira y también familiares de las cuatro personas que la acompañaban: Keisler Pérez, funcionario del Cicpc, Keny Díaz, Derwin Ruiz y Miller Andreina Ochoa.
Entre los argumentos que esgrimirán los abogados defensores de los involucrados está los resultados de la exhumación del cuerpo, que se realizó el pasado 19 de mayo por orden judicial, porque se creía que faltaban más pruebas.
Según informaron familiares de los detenidos a El Pitazo, la noche del viernes y luego de un minucioso proceso de revisión, el juez informó que los fiscales habían perdido la custodia.
Este es el proceso implementado para proteger todos los elementos recopilados durante la investigación, destacando detalles de las pruebas finales de ADN de la víctima y los involucrados.
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Las contradicciones en el caso de Nazareth Marín desde el principio
Sucesos insólitos han acompañado este caso desde que el cuerpo fue rescatado en aguas cercanas al puerto de La Guaira, cuatro días después de la desaparición de la joven.
El caso fue atendido inicialmente por funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de La Guaira; quien supuestamente destruyó pruebas criminales tras descubrir el cuerpo.
Esta acción pretendía encubrir al funcionario Keisler Pérez, cuyo detective a cargo de la investigación, Alexander Ventura, había sido detenido.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Bello Monte, donde trabajadores mostraron un gesto de solidaridad, ya que la víctima era un empleado de allí, específicamente de la Agencia Nacional de Salud y Ciencias Forenses (Senamecf).
Los resultados mostraron que la joven fue golpeada, abusada sexualmente y estrangulada por muchos hombres.
Dicho grupo, que se encontraba con él en la playa, relató durante el interrogatorio que pasaron toda la tarde en este lugar y que cuando cayó la noche todavía se encontraban en el estacionamiento de la playa.
Según su versión, la joven abandonó el grupo para conversar con desconocidos hasta que la perdieron de vista.
Al salir la buscaron durante una hora y al no encontrarla regresaron a Caracas. Todas las pertenencias de la joven, incluido su teléfono celular, estaban en la camioneta de Pérez.
Al día siguiente, ese oficial los entregó a sus familiares y les dijo que Nazareth los dejó vistiendo sólo su traje de baño.
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