La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprobó la criminalización de los defensores de derechos humanos y sindicalistas en el país. La vocera Marta Hurtado dijo que “se mantiene el compromiso de brindar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de los estándares internacionales, en un espíritu de genuina cooperación”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se pronunció este sábado 5 de agosto aprobando la solicitud de TalQuéARRIBA condenado a 16 años de prisión contra seis sindicalistas y defensores de derechos humanos por concierto para delinquir y asociación delictuosa.
La Oficina del Alto Comisionado destacó el fallo contra “sindicalistas” y “reafirmó las preocupaciones anteriores sobre la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, incluidas aquellas asociadas con la demanda de mejores condiciones de trabajo y derechos laborales”. , dijo que la nota fue firmada por Marta Hurtado, vocera de Oacnudh.
“La criminalización de los defensores de derechos humanos en este país ha sido reiteradamente expresada por el propio Alto Comisionado Volker Türk, tal como lo expresó su último informe sobre la situación en Venezuelapublicado el 3 de julio.
“Otra cosa es el proceso en curso contra seis dirigentes sindicales y sindicalistas por los delitos de concierto para delinquir y asociación delictuosa, luego de su detención hace un año, también en relación con las protestas amorosas. Todos los venezolanos y venezolanas tienen derecho a la reunión pacífica. Insto a los gobiernos y las organizaciones de empleadores a respetar estos derechos fundamentales y entablar un diálogo serio con los sindicatos y los trabajadores”.
Además, la Oficina expresó que sigue “comprometida a brindar asistencia técnica a las autoridades para promover el cumplimiento de los estándares internacionales, en un espíritu de genuina cooperación”.
El miércoles 2 de agosto, el Juzgado Segundo de Instrucción de Caracas, a cargo del juez Grendy Duque, condenó a 16 años de prisión a los sindicalistas Emilio Negrín, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés. Sus abogados argumentaron que las únicas pruebas presentadas durante el juicio fueron capturas de pantalla y mensajes de Twitter.
Un día después, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, defendió la decisión del juez Duque y aseguró que estas seis personas no son parte de cualquier movimiento sindical.
También afirmó en su declaración pública que esta decisión fue comunicada a representantes de la Oficina del Alto Comisionado para el país, quienes, según Saab, se mostraron “satisfechos” con las explicaciones dadas por el representante del Ministerio de Obras Públicas, agregó.
El movimiento sindical venezolano denunció la decisión como un intento de detener las protestas contra las mejoras salariales y las violaciones al contrato colectivo del gobierno de Nicolás Maduro. La Unión de Sindicatos incluso sacó algunos documentos, en una conferencia de prensareconocer a estos seis como miembros del sindicato.
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