El Centro para la Protección y la Justicia (CDJ) informó que durante el primer semestre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro continuó implementando una política de criminalización de promotores y defensores de derechos humanos. Casos de discriminación registrados (191), intimidación y acoso (70), intimidación (35), detención arbitraria (4), agresión digital (3), enjuiciamiento (2) y otros (4)
El Centro para la Protección y la Justicia (CDJ) registró 309 ataques e incidentes de seguridad en el primer semestre de este año. Esto representa un aumento del 44 % con respecto al mismo período de 2022, cuando se registraron 2.014 infracciones.
A través de un informe, revelado en él. sitio webEl centro señala que en el primer semestre de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro continúa con una política de criminalización contra promotores, defensores y reclamantes de derechos humanos.
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“De enero a junio de 2023, cómo ha avanzado el Estado de Venezuela en la implementación de modelos para impedir, limitar e influir en las actividades de quienes se encuentran en la primera línea de acción, acompañando a las víctimas de la Emergencia Humanitaria compleja que persiste en el país y respondiendo a la crisis de derechos humanos”, agregó el CDJ en el informe.
Según el centro, en los primeros seis meses del año, medidas prácticas y legales tendientes a criminalizar, restringir, entorpecer la defensa, exigir y promover el derecho a ser destacado, según la lógica interna, incrementaron el nivel de riesgo para las personas y organizaciones de la defensa nacional.
Entre las principales formas de agresión e intimidación registró casos de discriminación (191), intimidación y hostigamiento (70), intimidación (35), detención arbitraria (4), agresión digital (3), enjuiciamiento (2) y otros (4).
La ONG señaló que en el primer semestre de este año se han retomado las acciones para avanzar en dos propuestas de ley que atentan contra el espacio democrático y civil: el proyecto de ley de control, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y organizaciones afines, y el proyecto de ley de cooperación internacional.
Para las ONG, las normas anteriores constituyen el más reciente avance del Estado en el incremento del cierre del espacio cívico y democrático. Aseguró que las herramientas legales ponen en riesgo el legítimo funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela y restringen arbitrariamente (las normas) el derecho de asociación, reunión y manifestación pacífica.
“Reiteramos que, en el caso de los dos proyectos de ley, son conocidos informalmente y se caracterizan por incluir disposiciones punitivas y altamente restrictivas a la libertad de asociación y por ende al trabajo de las ONG, por cuanto viola los derechos humanos”, advirtió.
Advirtió sobre el aumento de la represión, represión y persecución de los dirigentes sindicales por sus demandas y actuaciones en el marco de las reivindicaciones.
Por otro lado, se sugiere que ante los próximos eventos electorales, el Estado debe tomar todos los correctivos para garantizar un espacio democrático, plenamente democrático, libre y seguro. “La labor de los defensores, reclamantes y promotores de los derechos humanos en el país es fundamental para responder a la crisis, promover los valores democráticos y defender la dignidad humana del pueblo venezolano”.
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