Venezuela Informa
En el marco del 25 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, se realizó un evento paralelo con el Consejo de Derechos Humanos #HRC53 “La Situación del Espacio Civil en Venezuela”, donde la defensora de derechos humanos y asesora de las Naciones Unidas El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, compartió su perspectiva sobre el contexto de riesgos que enfrenta la sociedad civil venezolana.
El panel abrió con datos proporcionados por Marco Antonio Ponce del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre el aumento de las protestas sociales. “En los primeros cinco meses del año se registraron 3.900 protestas pacíficas en Venezuela. El 86% de eso fue generado por la reivindicación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. La otra parte de las protestas estuvo encabezada por sindicatos y dirigentes sindicales, quienes salieron a las calles para exigir la realización de sus derechos laborales, especialmente salarios justos. En Venezuela, el salario mínimo devengado por los trabajadores y pensionados no supera los 5 dólares mensuales.
Las protestas y el incumplimiento del pueblo no han cesado, como quiere mostrar el gobierno nacional en su discurso internacional. “La respuesta del Estado de Venezuela no solucionó los problemas del pueblo, sino que continuó la política de represión contra la sociedad civil. En 2023 se reportaron 74 protestas restringidas en el país.
Al respecto, Valentina Ballesta, investigadora de asuntos sudamericanos de Amnistía Internacional, dijo que en Venezuela la represión a la disidencia, el uso excesivo de la fuerza y la tortura en cárceles, centros de detención y muchas otras situaciones donde los crímenes de lesa humanidad siguen vigentes.
“El gobierno venezolano trata de difundir una historia de normalización y resolución de la situación del país, pero la verdad es que hay más riesgo y más persecución para los reclamantes de derechos. El estrangulamiento del espacio civil en Venezuela tendrá el efecto de obstaculizar la búsqueda de justicia y la reivindicación de derechos”.
Amnistía Internacional ha advertido que las autoridades venezolanas a menudo utilizan los arrestos arbitrarios para reprimir o neutralizar las fuentes de protesta social. Estas detenciones pueden haber ocurrido en el marco de una protesta, o contra quienes las convocaron y organizaron.
En cuanto a Michael Phoenix del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores, el Estado de Venezuela parece haber construido un sistema de hostigamiento contra los defensores y limitar su trabajo.
“Hemos hablado con más de 30 defensores venezolanos y nos preocupa su testimonio sobre agresiones y represión. Vemos un alto nivel de inseguridad, riesgo y violencia, especialmente contra los defensores de las mujeres y los defensores de las comunidades indígenas en el contexto de las actividades mineras”.
“El gobierno venezolano está impulsando al menos tres proyectos de ley que podrían asfixiar a las organizaciones de derechos humanos en el país”, advirtió Phoenix.
El debilitamiento del estado de derecho, en especial de las garantías de independencia judicial, se ha convertido en otro agente agresivo contra las personas defensoras de derechos humanos. Según Carlos Lusverti, de la Comisión Internacional de Juristas, “el sistema de justicia de Venezuela es incapaz de proteger a su pueblo y, en cambio, se deja procesar arbitrariamente”.
“El sistema de justicia de Venezuela ha sido utilizado para hostigar y atacar a defensores de derechos humanos. Los jueces y magistrados no tienen la capacidad necesaria para ejercer sus cargos y, en su caso, dictar sentencias injustas a toda costa”.
El Centro para la Defensa y la Justicia reconoce que a medida que se profundiza la criminalización de la protección de derechos, muchos mecanismos internacionales se han pronunciado a favor de investigar las violaciones y exigir el cese de la persecución, represión y represión de las protestas.
Mariana Romero del Centro de Justicia y Protección dijo: “La Misión de Búsqueda de la Verdad ha advertido que el uso de la lógica enemiga por parte del gobierno venezolano para criminalizar a los considerados disidentes, se está aplicando para atacar a la sociedad civil.
También agregó: “Nos preocupa que el Estado no tenga voluntad de cumplir con sus compromisos internacionales y siga cerrando el espacio civil con medidas represivas y leyes restrictivas”.
En los últimos cinco meses, el Centro de Protección y Justicia ha registrado 288 ataques dirigidos a la defensa y promoción de los derechos humanos, expresados a través de amenazas, detenciones, hostigamientos, ataques digitales y promoción de leyes restrictivas.
Asimismo, Rigoberto Lobo de Promedehum, enfatizó que el Estado venezolano discrimina y criminaliza las actividades de las ONG e incumple el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó las dificultades que han enfrentado las organizaciones de la sociedad civil para implementar la normativa de registro y actualización para seguir operando en el país.
“Al menos el 28% de las ONG en Venezuela no están debidamente registradas; mientras que el 54% de los registrantes tuvo problemas para actualizar su junta directiva y legalizar sus documentos internos”.
De igual forma, alega que organizaciones que brindan asistencia humanitaria son atacadas y entorpecidas su labor por funcionarios del Estado de Venezuela. La información que brindan a la comunidad se retiene en muchos casos.
Como es el caso de Javier Tarazona, director de la ONG humanitaria FundaRedes, que en julio de 2023 será detenido arbitrariamente durante dos años. Previo a su detención ilegal, Tarazona denunció abusos, intimidaciones y hostigamientos en su contra, miembros de su familia y su equipo de trabajo.
Amnistía Internacional alertó recientemente sobre el cierre de espacios civiles en la región y pidió asegurar el fin de las políticas represivas para atender las necesidades sociales de la población.
La organización mantiene y recuerda a la comunidad internacional la urgente necesidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas justos e independientes para encontrar la manera de acabar con la impunidad de estos hechos y otras graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, por considerarlo el único mecanismo encaminado a que estos hechos no se repitan. Por lo que recomienda:
• Apoyar las actividades de la Misión Internacional e Independiente para Determinar la Verdad sobre Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (MIIDH);
• Solicitar al gobierno de Nicolás Maduro que permita la incorporación del MIIDH para cumplir la misión encomendada por el Consejo de Derechos Humanos, y para enviar invitaciones y/o aceptar solicitudes dirigidas.
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