Para activistas y defensores de derechos humanos, 2024 significó una “regresión antidemocrática” en la que las garantías ciudadanas fueron violadas sistemática y masivamente.
Caracas. La imposibilidad de votar de los venezolanos en el exterior debido a obstáculos administrativos, la intimidación y persecución a activistas y Venezuela Informaes políticos, el encarcelamiento de más de 2.000 personas, casi 100 de las cuales eran menores de edad, tras las elecciones del 28 de julio, y la muerte de tres de ellos en prisión. señales “grave violación” de los derechos humanos Lo que estamos viviendo los venezolanos en 2024.
Según los expertos, se trata de hechos sin precedentes que apuntan a una “regresión antidemocrática” en Venezuela, donde el espacio cívico está amenazado no sólo por la persecución e intimidación denunciadas por ONG y organismos internacionales, sino también por el marco legal que brinda un marco legal. Plataforma para organizaciones de la sociedad civil. Imponer sanciones a los oponentes.
La persecución por motivos políticos y otros incidentes reportados en el país este año son parte de un “plan sostenido y coordinado para silenciar, disuadir y reprimir la disidencia”, según un informe de septiembre pasado de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro”.
Para esta Misión de la ONU, los acontecimientos de 2024, especialmente los posteriores a las elecciones presidenciales, han sumido a Venezuela en “una de las crisis de derechos humanos”. el más grave de la historia reciente”.
Intensificación de los abusos
Marta Valiñas, jefa de la Misión de Investigación, aseguró durante la presentación de su informe final que lo que vive Venezuela en el segundo semestre de 2024 es “una escalada”. aparato represivo estatal en respuesta a lo que percibes como crítica, oposición u oposición.
De este ejemplo ellos repitieron Si bien lo visto este año representa “una continuación de patrones anteriores que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad”, la “intensidad y naturaleza sistemática de la represión representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”. “
Estas perspectivas son compartidas por activistas venezolanos que han experimentado la opresión interna de primera mano, pero continúan exigiendo que se respeten los derechos humanos, que se garanticen las reglas constitucionales que proclaman la justicia y que se permitan libertades para promover la justicia.
El coordinador general de Provea, Oscar Murillo, aseguró que el año que cierra será un año de “regresión antidemocrática”, marcado por un conflicto electoral que penetró en todos los ámbitos del desarrollo social y frenó cualquier atisbo de entendimiento entre los partidos.
Para el activista, “mientras continúe el retroceso antidemocrático y se profundice la crisis de derechos humanos, los derechos sociales seguirán estancados, lo que significa condiciones de vida precarias para todos los venezolanos”.
Murillo, quien fue citado a declarar ante el Cicpc en noviembre por una supuesta investigación, subrayó que la crisis y los grandes problemas también derivan del olvido y la violación sistemática de derechos por parte de los venezolanos.
“Vimos como pasó un año entero, los grandes problemas de los venezolanos no se resolvieron, no estamos discutiendo sobre educación, no estamos discutiendo sobre salud pública, no estamos discutiendo sobre salarios”, recordó.
nuevos patrones
Según Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, el 2024 representa “un hito” en materia de violaciones de derechos humanos; Se siguen cometiendo violaciones, pero esta vez se llevan a cabo a gran escala y afectan a grandes grupos de población.
Según Daniels, en años anteriores no había conciencia de estos abusos, pero “ahora han salido a la luz”. violación sistemática de los derechos humanos en materia electoral”.
El experto enfatizó que los abusos cometidos en los 12 meses de 2024 son evidencia de que se han intensificado las acciones contra la disidencia y el espacio civil y se han creado obstáculos al ejercicio de los derechos civiles y políticos.
arquitectura judicial
Activistas, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos coinciden en que la “arquitectura judicial” desarrollada por el Parlamento el año pasado es una de las principales herramientas utilizadas para verificar violaciones de garantías fundamentales.
Según Murillo, “en este país se está levantando una arquitectura judicial paralela a la Constitución”; porque cree que leyes como la Ley AntiONG, AntiOdio y la recientemente aprobada Ley Simón Bolívar sirven de marco para criminalizar la disidencia.
“No es coincidencia que la gran mayoría de las personas detenidas por motivos políticos en este país estén encarceladas por delitos cometidos o presuntos delitos en virtud de la Ley del Odio. Y ahora si a esto le sumamos la Ley Simón Bolívar y la publicación de la ley contra las ONG, vemos cómo en Venezuela sigue surgiendo una arquitectura jurídica paralela a la Constitución”, explicó Murillo.
Según activistas, la crisis de derechos humanos en el país se resolverá cuando las instituciones del Estado regresen a la autoridad constitucional y el Poder Ciudadano vuelva a estar al servicio del pueblo y sus necesidades.
Lea también:
EnClaves | “Ley Simón Bolívar” en cinco puntos