Familiares de presos políticos detenidos tras operativos de protesta contra los resultados electorales denunciaron al Ministerio Público que fueron sometidos a tratos degradantes y tortura psicológica durante sus visitas a sus familiares.
Caracas. Un grupo de al menos 30 personas, que fueron detenidas como resultado de operativos por protestas postelectorales y vestían camisetas blancas con fotografías de sus familiares, hicieron fila frente al Ministerio Público.
Tienen cartas individuales exigiendo la liberación de sus seres queridos, así como denuncias que describen abusos físicos y psicológicos contra quienes se encuentran recluidos en los penales de Tocorón, Tocuyito y Yare III desde hace cuatro meses.
Además de las declaraciones, el artículo también incluye la esperanza de que algunos fiscales de las oficinas del partido tengan en cuenta los documentos registrados.
Estos no son los primeros documentos que se entregan, ya que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha afirmado que tres documentos presentados en los últimos tres meses permanecen en oficinas ministeriales. No obtuvieron respuesta de ninguno de ellos.
“Ya no soportan revisar un documento más, un protocolo más. Se mueren de hambre”, llora tristemente el padre Emer Sirit, de 25 años, encarcelado en Tocorón.
Humberto Prado, Director del Observatorio Penitenciario de Venezuela (OVP), afirmó que no existe autonomía de fuerzas en Venezuela.
“La Defensoría del Pueblo no garantiza los derechos humanos de los privados de libertad, ni investiga a ningún funcionario público a través de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. “Las investigaciones sólo están dirigidas al detenido y a su familiar”, afirmó.
caras ocultas
Numerosos familiares, que acudieron desde distintos estados del país para presentar denuncias individuales y colectivas ante los ministerios, asistieron a un mitin el lunes 9 de diciembre con el rostro cubierto con pañuelos blancos.
una madre dijo Crónica.Uno Dijo que la decisión fue para evitar que las autoridades identificaran a las personas que organizaron manifestaciones exigiendo la liberación de los detenidos.
“Aquí están las mujeres, las que aparecen frente a la cámara, las que hacen TikToks, siguen declarando”, dijo Ángel Castro, director del centro penitenciario. Parte III A las madres que asistieron a la visita
El proceso de búsqueda siempre resultó incómodo para la madre, quien tuvo que trasladarse desde Maracaibo a San Francisco de Yare (provincia de Miranda) para estar más cerca de su hijo. Sin embargo, el último fue el evento más “aterrador” que jamás haya experimentado.
Un guardia, que comenzó a iluminarla con una lámpara y la cámara de un teléfono celular, le ordenó: “Apóyate contra la pared, abre las piernas y abre los labios de tu vagina”.
Cuando el funcionario le dijo que abriera más las piernas, ella dijo que no podía soportarlo más: “Ábrelas”, fue la única respuesta que obtuvo.
Sin dejar de llorar, la madre explica que la última llamada no significó una violación sin penetración que nunca olvidará ni la cara de “enfermo” del guardia.
Cuando el director Ángel Castro entra en la sala con las mujeres desnudas, la mujer, que se ve obligada a repetir el proceso de escaneo aunque ya lo ha hecho, añade: “No necesitan tocarnos para violarnos”. .
Sin dejar de llorar, la madre explica que la última llamada no significó una violación sin penetración que nunca olvidará ni la cara de “enfermo” del guardia. También contó que le jalaron el cabello con fuerza a pesar de advertirle que tuviera cuidado porque tuvo un Accidente Cerebrovascular (ACV).
La directora del OVP explicó que la radicalización de las búsquedas luego de que las mujeres asistieran a diversos eventos públicos fue una política de Estado para amedrentar, intimidar y generar pánico entre los familiares con el fin de limitar su derecho a la información y a la protesta.
Él declaró estos Los registros son una “grave violación” del derecho a la dignidad y se utiliza para intimidar, acosar, discriminar y tomar represalias contra las mujeres por hablar con los medios.
persecución
Para sus familiares femeninas, que son las únicas que pueden ingresar durante las visitas a las diferentes cárceles, las acusaciones y humillaciones a las que son sometidas durante los registros son parte de un trato que nadie debería vivir.
“Nos tratan como a las madres de los peores criminales de Venezuela”, dice la mujer de 46 años.
Otra madre, cuyo hijo estaba en Tocorón, relató que la llamaron para visitarla el día que trasladaron a su hijo.
“Me llamaron para informarme del cambio de visita para poder quedarme con el paquete y ver cómo lo tomaban”, lamenta.
Consideran que el Gobierno está jugando a un juego de “desgaste” con las familias que tienen que abandonar sus estados de residencia en diferentes ocasiones, ya que a menudo las personas son trasladadas hasta tres veces a prisiones lejanas. desde donde fue detenido.
creencia de vida
“Patea así, no podrás ver a tu hijo”, dijo Isabel Ramírez, madre de Carlos Eduardo Valecillos, quien recientemente intentó quitarse la vida en el penal de Aragua, mejor conocido como Tocorón.
El director del centro insiste en que Valecillos no intentó suicidarse y sólo estuvo en la enfermería por otros motivos.
“Quiero saber que está bien y que está libre. “Él no es un terrorista, no es algo que le hayan dado”, le dice directamente la madre al gobernante Nicolás Maduro.
La madre recuerda que durante su última visita, el 6 de diciembre, su hijo, quien trabajaba como mecánico de automóviles y mototaxista, se veía pálido y desmotivado.
“Mamá, no puedo más, no quiero vivir más. “No puedo disfrutar de mi hijo”, dijo Carlos Eduardo, cuya separación de su hijo de ocho años lo afectó debido a su arresto el 29 de julio.
Por eso quiere que su hijo reciba ayuda psicológica.
“Estaba muy apegado a su hijo. Incluso me acosté con él. El niño le escribía cartas. En la última decía que era amable con él y que lo estaba esperando en casa”, dice.
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