Las organizaciones no gubernamentales creen que tendrán más dificultades para operar legalmente en el país después de la publicación en el Boletín Oficial de la ley anti-ONG. Ante este escenario, temen que la persecución se intensifique.
Caracas. Preocupación de miembros de organizaciones no gubernamentales residentes en Venezuela Esto se hace evidente al observar la publicación de la ley anti-ONG en el periódico. cuando se niegan a dar entrevistas o explicar sus próximos pasos. Sin embargo, algunos admiten que seguirán trabajando para el pueblo a pesar de todos los obstáculos.
Con la publicación de la Ley de Supervisión, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, descrito por activistas como un “ataque” al espacio cívico y el derecho de organización en Venezuela.
El texto legal prohíbe a las organizaciones recibir ayuda financiera de organizaciones políticas y promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”. También ordena la suspensión y cierre de ONG en Venezuela si no cumplen con el régimen legal que proponen implementar.
También obliga a las ONG a revelar gran parte de la información que podría amenazar el funcionamiento de las organizaciones, incluido quiénes son sus financiadores, especialmente en un país con ejemplos de persecución.
Para quienes dirigen algunas de estas asociaciones, la aprobación resultará en que muchas ONG intentarán cumplir con los requisitos de la norma, otras serán rechazadas o decidirán desaparecer, y muchas continuarán su trabajo y mutarán para cumplir.
Obstáculos adicionales
Para el director general de la ONG Espacio PúblicoCarlos Correa dice que la criminalización de las organizaciones no gubernamentales está obsoleta y que este instrumento legal refuerza los obstáculos existentes para la realización de su trabajo y su desarrollo jurídico.
Correa aseguró que esta ley aumenta las dificultades al agregar más pasos y requisitos. La ley impide el derecho de organización, que está consagrado en la Constitución venezolana y en acuerdos internacionales.
El activista cree que una vez que la ley anti-ONG entre en vigor, muchas organizaciones intentarán cumplir con los requisitos. Algunas organizaciones lograrán adaptarse, mientras que otras intentarán reinventarse para evitar la extinción.
“Tal vez Una ONG grande tiene el poder de satisfacer las necesidades, Sin embargo, también existen asociaciones de hecho que no tienen personería jurídica. “Se trata de organizaciones que no tienen personalidad jurídica propia y esta ley genera errores generales y sanciones muy duras”, afirmó.
Agregó además que la norma no toma en cuenta la amplitud y diversidad del derecho a la libre asociación en el país. Muchas organizaciones prefieren operar de facto y depender de otras organizaciones relacionadas.
Además, la aplicación de la ley “obstruye, perturba, incomoda o dificulta” el acceso a la financiación de muchas organizaciones que viven de fondos obtenidos de concursos y programas internacionales.
“Las personas que integran estas organizaciones son Algunos dirán ‘tiro la toalla’, otros intentarán apuntarse, Otros no lo lograrán porque es una lógica arbitraria y otros dirán que quieren seguir trabajando, que eso es lo que tenemos que hacer”, dijo Correa.
Miedo
“Tenemos miedo. “Podríamos quedarnos sin empleo y, lo que es peor, mucha gente podría quedarse sin ayuda”, afirmó. Crónica.Uno una trabajadora de una ONG humanitaria que optó por no revelar su identidad.
Aseguró que prevalece un ambiente de miedo entre las organizaciones e individuos que trabajan en estas ONG. No sólo porque pueden quedar desempleados, sino también medidas como redadas o visitas policiales.
Esta fuente aseguró que incluso antes de que se publicara la ley, enfrentaron obstáculos para actualizar los requisitos legales necesarios para su funcionamiento. Pero admitió que el anuncio empeoró la situación.
“Seguiremos trabajando, pero no sé cómo ni hasta cuándo, y no sé si nos dejarán seguir ayudando a la gente”, afirmó.
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