Muchas organizaciones, figuras políticas y sociales de Argentina rechazan la supuesta guerra jurídica que libra el sistema judicial del país contra las autoridades venezolanas.
En su declaración pública señalaron que se trata de un nuevo caso de uso del poder judicial contra funcionarios venezolanos con fines de persecución política.
“Advertimos que la admisión de esta perversión jurídica en el sistema internacional podría equivaler a la utilización de Interpol por un Estado que, sin un interés legítimo y sin la autoridad necesaria, pretende limitar, a través de su propia jurisdicción, la libertad de acción política. Venezuela Informa de otra nación soberana. Este poder es una forma de persecución y agresión.” “Conducirá a la destrucción del orden de convivencia pacífica y de respeto a la soberanía entre las naciones, que ya ha cambiado mucho hoy”, dijeron.
Destacan que se trató de un acto ilegal y una contradicción en la que cayeron los sentenciantes cuando intentaron iniciar una investigación de caso falso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Esta situación resulta en violación de las reglas establecidas en los “Principios de Princeton” para la aceptación de la Jurisdicción Universal, como se intentó anteriormente en el Grupo de Lima.
Esta “aparente contradicción del Estado argentino”, dicen, es “un tratamiento sesgado y descontextualizado que ignora el uso sistemático de la violencia por parte de la oposición golpista, con claro sesgo, y cita selectivamente sólo informes que forman parte del plan de derrocamiento”.
Esto, añadió, “abre una nueva página en el ‘derecho’ que adquiere la dimensión de una operación de persecución internacional, contribuyendo a las políticas intrusivas, intrusivas y desestabilizadoras encabezadas por Estados Unidos”.
El documento fue firmado por Ana María Careaga, directora del Instituto Espacio para la Memoria; Stella Calloni Atilio Borón; Claudia Viviana Rocca es, entre otras, vicepresidenta de la Asociación Americana de Abogados.