El presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), Leonardo Vera, moderó un conversatorio en el que participaron los economistas Gustavo García Osio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano, en el intento de realizar un ejercicio de reflexión sobre un escenario hipotético en el que Venezuela comienza a adoptar las medidas necesarias para salir del atolladero económico
El Instituto Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) ha comenzado Segundo congreso económico Este miércoles 10 de abril, espacio en el que proponen una serie de prácticas que podrían configurar una política multidimensional encaminada a estabilizar la economía con el objetivo de un crecimiento económico sostenido y sostenido.
Los economistas Gustavo García Osio, Carolina Pagliacci, Pedro Palma y Omar Zambrano hablaron sobre las realidades y necesidades actuales de la economía venezolana, enfocándose en las condiciones actuales de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y salarial impuesta por la administración de Nicolás Maduro.
Todos los expertos coinciden en que es necesario adoptar una política estabilizadora en torno a estos cuatro aspectos para alcanzar un punto de equilibrio que promueva un entorno económico favorable a la senda correcta del crecimiento.
Así lo explicó el presidente de la ANCE, Leonardo Vera, en la inauguración del congreso, dejando claro que se trata de un ejercicio contemplativo sobre un hipotético escenario en el que Venezuela comience a tomar las medidas necesarias para salir del abismo en el que está inmerso el país. . durante al menos una década.
“La Academia Nacional de Ciencias Económicas celebra el inicio de jornadas especiales de reflexión y análisis enfocados en la posibilidad de traer estabilidad a la economía venezolana y sentar las bases para lograr un crecimiento sustentable, sustentable e inclusivo”.
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En este sentido, los académicos han coincidido en muchos aspectos, enfatizando la urgencia de que Venezuela restablezca la autonomía de sus instituciones financieras, como el Banco Central de Venezuela, así como la integración al sistema financiero internacional para acceder a líneas de crédito de otros países. , el apoyo multilateral en el marco de planes de estabilización a medio y largo plazo, la importancia de la reestructuración de la deuda y la recuperación de la salud, comprar a la gente.
La estructura tributaria es ineficaz
En cuanto a la política fiscal, García Osio enfatizó la situación caótica que mantiene Venezuela, alimentada por el problema de “dominación fiscal” debido al elevado endeudamiento y los persistentes déficits fiscales, en los que el Gobierno tiene muchos pagos pendientes que fondos disponibles.
Por ello, dijo que el propósito de un hipotético programa de reforma financiera tendría que estar encaminado a lograr la estabilidad económica con baja inflación y fortalecer las reservas internacionales, en el que se reestructure la deuda pública, se supere la compleja crisis humanitaria y se impulse la economía. . crecimiento y estimular la creación de empleo formal. Para ello, se centra en los siguientes puntos:
- Eliminar el financiamiento monetario a través del BCV. Esto implicaría modificar las leyes que actualmente rigen las operaciones del emisor, dándole mayor independencia y limitando su dependencia de los ingresos petroleros proporcionados por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
- Reintroducir a Venezuela en el sistema financiero internacional, con foco en el Fondo Monetario Internacional, lo que facilitará el acceso al crédito para programas de recuperación financiera.
- Iniciar el proceso de reestructuración de la deuda externa y restablecer las relaciones con todos los acreedores venezolanos.
Sobre esta base, es posible proponer un programa de inversiones para promover la asistencia social y restablecer los servicios públicos.
«El programa tendría que implicar reducir los subsidios y centrarse en subvenciones basadas en las necesidades dirigidas a segmentos de ingresos, dirigidos a los más pobres. Los subsidios generalizados suelen beneficiar más a las zonas de mayores ingresos que a las de menores ingresos”, argumentó.
En este escenario, el Estado tendrá que reducir su tamaño y dar mayor prioridad a las empresas privadas, que reciben concesiones para operar sectores clave, como la industria petrolera. Asimismo, supone reformar las prácticas tributarias, con la introducción de impuestos más estrictos y justos, sin conceptos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
«Es necesario restablecer las bases de un sistema tributario eficiente y justo. Ha habido un rápido aumento de los impuestos, algunos de los cuales son extremadamente distorsionadores, como el IGTF. En Venezuela hay alta presión financiera. “Eso es un elemento disuasorio para la inversión privada y la creación de empleo público”, afirmó.
control bimonetario
Desde mediados de 2019, el Gobierno abrió el uso del dólar, luego de que el bolívar perdiera su función principal como moneda, por lo que Venezuela se estructura como un sistema monetario dual en el que se utilizan tanto bolívares como dólares.
Los economistas que participaron en la discusión coincidieron en que sería mejor descartar la idea de pasar a una economía totalmente dolarizada, como en Ecuador, porque obstaculizaría la implementación de la política monetaria debido al control del BCV.
En este sentido, Carolina Pagliacci sostiene que el BCV debe asumir un papel importante en la generación de dinero, que en los últimos años ha dependido más de los ingresos petroleros a través de compras directas de títulos del BCV por parte de PDVSA.
La reestructuración de las leyes que regulan la política monetaria debe buscar eliminar la venta obligatoria de dinero del petróleo al BCV, así como las cuentas del sector público en el emisor.
Superada esta limitación, la política monetaria debe centrarse en crear condiciones favorables para que el financiamiento empresarial se realice a través del sistema financiero, promoviendo el establecimiento de empresas y el acceso a diferentes mercados, minimizando al mismo tiempo los factores que aumentan los costos de producción, para promover el crecimiento económico. economía de producción.
El experto explicó que, históricamente, el BCV ha adoptado políticas restrictivas encaminadas a limitar el crecimiento de la masa monetaria en un esfuerzo por controlar la inflación, como ocurre en la actualidad, pero estos modelos no necesariamente tienen que prevalecer para estabilizar la economía. .
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En este punto, Pedro Palma señala que un programa de estabilización no debería, en ningún caso, depender de anclar el tipo de cambio mediante intervención cambiaria, como ocurre actualmente.
«La política cambiaria es un componente importante del plan de estabilización, no una política aislada. No se debe buscar la estabilidad de precios a través de los tipos de cambio. La política cambiaria debe ser dinámica, no buscar fijar el tipo de cambio, sino que debe contar con la existencia de la moneda local para incentivar su uso”, razonó.
Para que este escenario se produzca, Palma aboga por la adopción de “reglas de juego claras y permanentes”, que podrían depender de un acuerdo político para que se respete su cumplimiento independientemente del Gobierno responsable en ese momento.
A esto se suma la capitalización de los bancos, que deben recuperar su función principal de intermediarios para fortalecer el sistema financiero, lo que a su vez implica fortalecer el bolívar o una nueva moneda de uso interno, aunque se mantenga el uso del dólar.
«Ésta será y seguirá siendo una economía bimoneda, en la que el dólar seguirá jugando un papel fundamental, pero debemos esforzarnos en delinear su papel en la actividad económica mientras fortalecemos que la moneda nacional cumpla sus funciones de reserva. valor, medio de pago y unidad de cálculo. Dejó claro que el uso de la moneda local ayudará a implementar políticas monetarias y cambiarias efectivas aquí.
Seguridad social y reinserción laboral
Otro punto importante que afecta el crecimiento económico está relacionado con la pérdida de talento humano y el deterioro del mercado laboral, sumado a una pérdida significativa de ingresos familiares, lo que lleva a una baja producción y un menor poder adquisitivo.
Estudios de la consultora Anova presentados por su director, Omar Zambrano, muestran que la insuficiencia de recursos humanos será una barrera importante a superar si se quiere adoptar algún programa de estabilización.
Según el economista, el problema pasa por altas tasas de pobreza, un número desproporcionado de personas fuera del mercado laboral y una disminución de la calidad del talento.
Las proyecciones de Anova indican una tasa de pobreza del 85,1% y de pobreza extrema del 64,9%. Si esta cifra se centra en el sector privado, el más dinámico y activo de la economía, la tasa de pobreza se sitúa en el 69,4%.
“Los salarios, incluso en los sectores más dinámicos de la economía, son insuficientes para soportar mejores condiciones de vida que las que observamos”, enfatizó.
Por su parte, los datos advierten que la población educada ha disminuido significativamente, hasta el punto de que se produce una caída promedio de dos años de educación en la población económicamente activa en un período de apenas siete años.
Si sumamos los años de educación y experiencia laboral de los migrantes durante este período, Anova estima que el país perderá alrededor de 95,6 millones de años de experiencia y 53,6 millones de años de formación académica.
A estos factores se suma la alarmante cifra de 7,5 millones de venezolanos en edad económicamente activa que no generan ingresos independientes por estar aislados del mercado laboral.
Este conjunto de factores requiere la creación de un sistema de protección social como parte de la solución en cualquier tipo de futuro programa de estabilización, dirigido a brindar apoyo a los segmentos de la población más afectados por la actual crisis económica.
“Nuestra premisa es muy simple. La recuperación de las condiciones de vida del pueblo venezolano pasa por el proceso de estabilización económica, la reanudación de un crecimiento económico fuerte, de largo plazo y sostenible y la reconstrucción del sistema de protección social”, explicó.
Zambrano sugirió que el programa de protección social de emergencia debería extenderse unos dos o tres años y que su propósito sería la reducción temporal de la pobreza, un mayor impacto de las remesas y un nuevo marco institucional para ayudar a brindar herramientas de protección social más efectivas, por lo que algunas de las tareas El modelo creado por el chavismo tendrá que ser rediseñado pero no eliminado.
Según estimaciones de Anova, un programa con estas características podría costarle al Estado aproximadamente $4.5 mil millones anuales durante los próximos tres años.
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