Para el Centro para la Protección y la Justicia, el avance de la Ley de Fiscalización, regulación, funcionamiento y finanzas de ONG y organizaciones afines es una amenaza para la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger los derechos humanos.
El Centro para la Defensa y la Justicia (CDJ) registró 97 “ataques e incidentes de seguridad” contra defensores de derechos humanos en Venezuela sólo en enero de 2024.
Las primeras semanas de 2024 se caracterizaron por un aumento de la represión política llevada a cabo por instituciones oficiales, según denuncian numerosas ONG, organizaciones políticas y agencias internacionales como la Comisión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Centroamérica y el Caribe Británico (OCNUDH).
Un informe presentado por el CDJ parece confirmar esta tendencia, ya que la publicación advierte que “la criminalización de la protección, exigencia y promoción de los derechos humanos está aumentando, en el marco del continuo cierre del espacio civil y democrático”, así se evidenció en 97 agresiones a defensores de derechos humanos.
La ONG detalló que, de estas 97 agresiones, 39 casos fueron discriminación, otros 32 casos correspondieron a situaciones de intimidación y acoso, 23 casos de intimidación, dos tecnología digital y un caso adicional se registró bajo la categoría “otros casos”.
La publicación advierte: “Las campañas de acusaciones, denuncias, amenazas y discriminación ocurridas en los últimos años se han materializado con hechos específicos que afectan las actividades, la vida y la integridad de las ONG y sus fundadores”.
Para el CDJ, parte de esta escalada implica iniciar consultas públicas sobre la Ley de Control, regulación, desempeño y finanzas de ONG y organizaciones afines, lo que podría derivar en nuevas amenazas, actos de intimidación y acoso, así como ataques de funcionarios estatales contra diversas organizaciones. .
“Conspiración”, “traición” y “desestabilización” son algunas de las acusaciones que las autoridades formularon contra estas organizaciones, con base en las cuales justificaron la creación de este instrumento legal para regular los recursos financieros internacionales que reciben muchas ONG.
CDJ enfatizó la necesidad del trabajo impulsado por las ONG en Venezuela en el contexto de una crisis económica y social que está lejos de resolverse en el país.
«La cooperación conjunta entre actores internacionales y locales es aún más necesaria para responder a la crisis de derechos humanos, a la emergencia humanitaria y para apoyar a las personas en situaciones vulnerables, contribuir a lograr la justicia y restaurar las libertades, el Estado de derecho y la validez de la Constitución sin represalias por realizar las actividades antes mencionadas”, señala el informe.
Finalmente, la organización advierte que la implementación de leyes de control contra las ONG “representa una grave amenaza a la sociedad civil venezolana y a cualquiera que desee ejercer su derecho a la libertad por parte de la asociación”.
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