La organización señaló que el año 2023 está marcado por “una profundización de las políticas de criminalización” y “un aumento de las acciones represivas y de control contra organizaciones e individuos de defensa”.
Señaló que están aumentando las “violaciones a los derechos de asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y protección” de los derechos humanos.
Declaró que 2023 es un año de amenazas, acoso e intimidación, además de represión criminal que criminaliza e infunde miedo en la sociedad civil.
Según estos registros, 298 casos fueron actos “discriminatorios”, 133 casos de amenazas y acoso, 67 casos de amenazas, 10 casos de ataques digitales, 8 casos de juicio, 4 casos de detención “arbitraria” y otros 4 casos no especificados. .
Sobre los responsables, CDJ señaló a funcionarios estatales en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109 casos, personas o grupos “afectados por los intereses políticos del Estado” y “tener contactos con el (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” en 93, a organismos públicos o entidades gubernamentales en 75, y a “organismos de seguridad” en 24 eventos.
La organización alerta de que a medida que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año y sin fecha aún fijada, aumentarán “las restricciones al espacio cívico y democrático”, así como la “criminalización, la represión y el control social de la sociedad civil”. .
Además, advirtió sobre la preparación de un proyecto de ley por parte de la Asamblea Nacional sobre el control de las organizaciones no gubernamentales, que, según el CDJ, tiene como objetivo “restringir y obstaculizar el trabajo” de “la sociedad civil en general”.
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