Parece haber interés de los altos cargos del gobierno en reconstruir las relaciones con la sociedad civil y en violar la libertad de asociación en el país. Por ello, algunas ONG están preocupadas por la nueva ley que regulará sus actividades en Venezuela.
Carta: Alonso Moleiro
Muchas organizaciones de la sociedad civil expresaron su sincera preocupación por la mencionada Ley de Supervisión, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las ONG nacionales.
Un proyecto legal que, partiendo del nombre, no esconde nada relacionado con el autoritarismo, con una serie de añadidos plenamente relevantes a la situación actual del país.
Es cierto que en todos estos años -desde los tiempos de Eva Golinger- el chavismo ha discutido una serie de leyes encaminadas a exigir los derechos políticos de la sociedad civil y neutralizar a las ONG, dejándolas en estado de sospecha. No pudo llevar a cabo estas iniciativas, esperando condiciones políticas favorables en el contexto de resistencia de larga data en la sociedad democrática.
Es al menos plausible imaginar que, como ha ocurrido en otros casos, la elaboración de leyes deja de saber que el impacto de la presión política en un año electoral se enmarca en negociaciones complejas con elementos de poder, para luego regresar al congelador. .
Que nadie se engañe sobre las intenciones concretas del chavismo, del Palacio de Miraflores, en éste y otros asuntos estratégicos de su relación de poder con la sociedad que gobierna. A la espera de condiciones favorables para avanzar en la lucha por consolidar el control total sobre el país democrático con reglas de las que son los únicos a los que nunca se les hará responsables, es el verdadero manejo de la renta nacional por parte de millonarios durante estos años.
El enfoque adoptado con esta Ley de Vigilancia de las ONG, según han expresado voceros calificados, como Feliciano Reyna, es de un carácter tan extremo y desproporcionado que resulta imposible llevar a cabo la mejora a partir de interpretaciones o de encontrar formas de mitigar o transferir. en el marco de una negociación política, como la teóricamente prevista en consulta pública con la Asamblea Nacional. Es un proyecto que, según su criterio, viola gravemente el derecho a la libertad de asociación como derecho constitucional.
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Según las fuentes, se trata de un proyecto legal que demuestra con gran precisión lo absurdo de la burocracia, que plantea exigencias imposibles, exigiendo a las organizaciones que se registren ante el Estado, por primera vez. En teoría, las organizaciones no gubernamentales no estarán protegidas por el contrato social previsto por la Constitución nacional. El fallo del TSJ puede emitir una decisión para dar por terminadas las operaciones de una ONG.
La ley fue aprobada en primera discusión y negociada plenamente durante el año, ya que Jorge Rodríguez priorizó el proceso de consulta pública. Muchas organizaciones tienen buena voluntad y esperan ser escuchadas. Algunos de ellos están vinculados al partido gobernante; Muchos otros se involucran en activismo en temas alejados de lo político, muchos otros tienen interpretaciones diferentes a las que actualmente dominan en gran parte de la oposición venezolana.
“Si se aprueba tal como está, esta ley eliminaría de facto el abandono de las organizaciones no gubernamentales tal como las conocemos hoy”. 2024. “Las ONG tendrán que renacer en condiciones más agotadoras que las existentes. Para sobrevivir, debe reintegrar un registro, que regionalice las actividades de las instituciones e impida que sean atendidas desde Caracas según la estrategia nacional. La burocracia estatal los captura por completo”.
Las ONG, presa fácil del autoritarismo
Las ONG representan uno de los vínculos más interesantes en la política global y venezolana de finales del siglo XX, y como espacio han experimentado un enorme impulso con la caída del comunismo y la expansión de los valores democráticos. alrededor del mundo. .
Debido a que son independientes, a veces transnacionales, y tienden a hacer afirmaciones basadas en el uso de datos, a menudo están expuestos a tormentas o ataques graduales del autoritarismo. El camino dado, como parte del contexto y sin mucho escándalo, lo dan Bielorrusia, Nicaragua o Rusia.
Uno de los temas recurrentes en torno a la existencia de las ONG incluye las limitaciones de su comportamiento y sus orígenes financieros. Según este argumento, sabiendo que algunos lucran recibiendo dinero para causas que no defienden, los portavoces del autoritarismo ganarán, como también ocurre en la política con conocimientos de democracia, argumentos para desacreditarlos.
En Venezuela se está expandiendo una interesante red de actividades cívicas, y son muchas las ONG que, después de una incansable actividad desde los años 90, han incluido, no sin problemas, y no sin sobresaltos, las realidades políticas de este siglo. La sociedad civil local es tan vulnerable como la sociedad misma, pero ha demostrado ser orgánica y enormemente poderosa.
Son una serie de Organizaciones No Gubernamentales, apoyadas en un indiscutible trabajo técnico, que han podido documentar los excesos en el ejercicio del poder durante estos años, en materia de gestión económica, corrupción, rendición de cuentas, medio ambiente, libertad de expresión, derechos humanos. derechos. Literalmente, su trabajo es uno de faros que protegen a la sociedad y los intereses nacionales de la oscuridad y la desinformación.
La aprobación de esta Ley de Inspección, una realidad creciente, supone un grave peligro y pretende convertirse en un arma de disuasión en el marco del actual enfrentamiento político en un año presidencial.
Su implementación no debe verse como una realidad irreversible en un país donde, después de todo, surgen paradojas y todavía hay espacio para la política. Pero nunca, como un escándalo. Completamente opuesto
Vaciar el contenido de las ONG e incluir también en el panorama civil a los organismos pertinentes, con copias, con asociaciones intervenidas, con partidos políticos judicializados y con directivas humanas, es parte de la rutina establecida en cualquier dictadura, y muy probablemente, vistos los hechos, Que sea una decisión tomada en el alto gobierno.
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