Luego de 24 días esperando una decisión de la audiencia, Rosa Ibarra Roa solicitó un veredicto en su caso de violencia de género, en el que afirmó haber sido agredida y agredida por su expareja, José Juan Corzo Machuca, desalojada de su domicilio. presunta complicidad de siete funcionarios del Cicpc, el 30 de mayo de este año
La productora agrícola Rosa Abel Ibarra Roa solicita a la jueza Maribel Verónica Vargas, del Juzgado de Violencia de Género del Poder Judicial de Barinas, pronunciarse de inmediato sobre el caso de violencia de género en el que fue víctima de su amigo de vieja generación, José Juan Corzo Machuca.
Ibarra Roa, habitante del municipio de Pedraza, en Barinas, dijo que fue agredido física y psicológicamente por Corzo Machuca el 30 de mayo. Aunque la audiencia se llevó a cabo el 1 de noviembre, el juez aún no se ha pronunciado sobre su caso.
Héctor Lucena, abogado defensor de Ibarra, explicó que el juez Vargas expuso la integridad física de su cliente al no pronunciarse sobre el caso, pues cuando se trata de hechos de violencia de género, el juez debe emitir un veredicto inmediatamente después de finalizar el juicio. .
Según la defensa, esta demora del juez puso en peligro a Ibarra, pues el presunto agresor se encontraba libre y ocupaba la vivienda de la mujer agredida. Además, la defensa también argumentó que Corzo Machuca vendió cabezas de ganado que eran propiedad de su expareja.
Fondo
Según el relato de la defensa, el 16 de mayo Corzo Machuca, pareja de Ibarra durante 30 años y padre de sus cuatro hijos, se presentó junto a tres guardias nacionales en los lotes 104 y 105 del paraje La Laguna-El Encanto, ubicado en la parroquia de José Antonio Páez en la ciudad de Pedraza (Barinas), para llevarse parte del ganado de las víctimas. Destacaron que Corzo Machuca utilizó tijeras, herramienta manual para cortar placas de metal, para ingresar a los pastizales donde habitaba el ganado.
Este hecho fue impedido por la actuación del abogado defensor y de la guardia nacional, quienes debieron hacer cumplir la orden de alejamiento emitida por el juez de la Fiscalía 10 del Ministerio Público, a cargo del abogado Pablo Antonio Pimentel Pérez, titular.
El 30 de mayo, Corzo Machuca se presentó en la misma parcela junto a una comisión de siete funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Entre estos comisionados fueron identificados Jesús Arteaga y Richard Castillo, quienes junto a otros cinco detectives ingresaron al lugar donde Ibarra se dirigía con su hijo Cleiver Corzo Ibarra de manera violenta y sin orden judicial alguna. Denunciaron haber sido agredidos física y psicológicamente.
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Lucena afirma que existen pruebas de cada una de las agresiones y abusos, así como informes del patólogo forense que las atendió, además de vídeos y fotografías. También señaló que estas pruebas se encuentran en el expediente en poder del juez Vargas, pero hasta la fecha no han sido tomadas en cuenta en el fallo aún inédito.
Violación muchas veces
La defensa argumentó que se violó el acceso de Ibarra a la justicia garantizado en el artículo 26 de la Constitución, así como el artículo 49 sobre debido proceso y derecho a la defensa.
La abogada también enfatizó que la falta de decisión en la audiencia desconoció lo establecido en la Ley Orgánica de Reforma del Derecho de las Mujeres a llevar una vida libre de violencia.
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