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Venezuela es un país que ha experimentado una profunda crisis política, social y económica durante las últimas dos décadas, marcada por el enfrentamiento entre el régimen chavista y la oposición democrática. En este contexto, las elecciones son un escenario de contestación y controversia, en el que se han puesto en duda la transparencia, la equidad y la legitimidad.
ALEXIS PÉREZ // INFORMACIÓN
Una de las demandas de la oposición y de la comunidad internacional es la presencia de observadores internacionales que puedan verificar el cumplimiento de las normas electorales y ciudadanas. Sin embargo, la dictadura venezolana ha rechazado o limitado esta posibilidad, argumentando que se trata de una injerencia externa en los asuntos internos del país.
“Mientras haya un venezolano sancionado por la Unión Europea y mientras haya sanciones contra el Estado venezolano, se le impedirá viajar a Venezuela para observar cualquier tipo de elección”. Así reaccionó esta semana el régimen de Nicolás Maduro ante la extensión, hasta mayo de 2024, de un paquete de sanciones del bloque europeo contra funcionarios chavistas por contribuir al “deterioro de la democracia, los derechos y los derechos humanos”.” en el país caribeño.
Las restricciones incluyen un embargo de armas y equipos de represión, así como una prohibición de entrada y congelación de activos de 54 funcionarios vinculados al chavismo.
La relación entre la Unión Europea (UE) y la dictadura venezolana es una de las más complejas y conflictivas del ámbito internacional.
Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, con su discurso socialista y antiimperialista, la UE ha mantenido una postura crítica y cautelosa hacia el proceso político de Venezuela, y ha buscado mantener canales de cooperación y diálogo.
A pesar de las constantes amenazas del régimen venezolano, los bloques europeos han expresado preocupación por las violaciones sistemáticas de derechos humanos, así como por la crisis económica, social y humanitaria que enfrenta el país.
Además, condenó la represión de las fuerzas de Maduro, especialmente durante las protestas de 2014 y 2017 que dejaron más de 160 personas muertas y miles de heridos y detenidos.
Sin embargo, no hay duda de que una de las acciones que mayor oposición generó entre la dirigencia chavista fue el cuestionamiento europeo a las elecciones presidenciales de 2018, en las que Maduro fue reelegido con una participación electoral de solo el 46,02% y con innumerables quejas al respecto. engañar.
Ese año, la Unión Europea no envió una misión oficial de observación electoral. La decisión se debió a preocupaciones sobre la falta de condiciones para elecciones libres y justas, así como a la negativa del régimen a permitir observadores internacionales independientes.
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