En su conclusión, los abogados de Venezuela acusaron una vez más al fiscal de la CPI de usurpar funciones judiciales. La Fiscalía de la Corte destacó la falta de investigación en los tribunales nacionales
Audiencia en la División de Apelaciones de Corte Criminal Internacionalevaluar la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad, que finalizó este miércoles 8 casi a las 5 de la tarde (10:32 hora venezolana), luego de dos días de reuniones en las que la delegación de Nicolás Maduro niega la existencia de crímenes de lesa humanidad. La humanidad en el país ha acusado al fiscal de la CPI de usurpación de funciones y ha puesto en duda los relatos de las víctimas.
La Sala de Apelaciones se comprometió a evaluar las opiniones de las víctimas y “preparar conclusiones lo más rápido posible”.
En la conclusión de Venezuela, dos abogados (Bob Emmerson y Aitor Martínez) señalaron que hubo inocencia y laxitud en la redacción del Estatuto de Roma, que permitió a un grupo de Estados utilizar fines políticos en 2018 para resolver denuncias contra el país.
Según Martínez, no existen estándares mínimos para que la Corte lleve a cabo la investigación propuesta. “Negamos que haya habido alguna política de Estado y por supuesto, los crímenes han sido señalados y determinados pasen o no ese umbral”.
Enfatizó que el enfoque de la CPI es determinar la presencia o ausencia de una política estatal. Sobre este punto, Emmerson dijo que la propia Fiscalía “no sabe adónde irá” con acusaciones de alto nivel y no sabe si, según la jurisdicción de Venezuela, cargos como el de teniente coronel o sargento entrarán en esa descripción o no.
“Lo que pasó aquí es la usurpación de la función judicial por parte del fiscal (Karim Khan) y la orientación de la Sala (de Asuntos Preliminares) hacia ella”, aseguró.
Emmerson también se refirió a las conclusiones del Defensor de las Víctimas, que, según dijo, demostraban “una retórica muy persuasiva” basada en las emociones, independientemente de las pruebas aportadas y era imposible probar si realmente habían sido violadas o cometido un delito grave o no.
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En la parte final de la sesión también intervino el canciller venezolano, Yván Gil, quien descartó a la CPI como un organismo eficaz.
«Con todo respeto, el número de casos resueltos por Venezuela supera con creces el número de casos llevados por la Corte Penal Internacional (…) Esto no es una competencia entre Venezuela y la CPI, es una realidad que no se puede negar. El Estado es el mejor lugar para garantizar la justicia (…) La justicia local tiene más resonancia y garantiza la disuasión”, afirmó.
Aseguró que podían retirarse del Estatuto de Roma, pero estaban comprometidos con una investigación interna. “Ese espíritu de compromiso y justicia también impregnó cada interacción con el fiscal”.
Calificó de “inminente” la apertura de la Fiscalía en Caracas y afirmó que se han implementado reformas para garantizar una justicia acorde a los estándares internacionales, aunque solo mencionó la reforma al Código Orgánico de Justicia Militar para sacar a civiles de ser juzgados en estos casos. corte.
Además, señaló que la Fiscalía de la CPI depende de la ayuda venezolana, cuestión que vale la pena reflexionar ante una guerra como la de Gaza.
La víctima habló en la CPI
Inusual participación a estas alturas del proceso es la de los venezolanos afectados y sus familiares, representados por la Defensoría Pública de Víctimas.
La abogada Paolina Massidda, defensora principal del proceso, intervino en español y enfatizó que los delitos sufridos por las víctimas estuvieron relacionados con su identidad, creencias políticas o trabajos relacionados con los derechos humanos, “por eso es necesario que se incluya un elemento de discriminación”. .
Afirmó que las víctimas se dieron cuenta de que eran y están siendo objeto de crímenes de lesa humanidad, “no como individuos al azar” y mostraron la verdadera gravedad de los crímenes.
Massidda reiteró que el problema fundamental de este procedimiento y que “para ellos es una realidad, es que en Venezuela este tipo de delitos no son ni serán investigados”.
También aseveró que “mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes impunemente”. Enumeró demoras “injustificadas” en las investigaciones y juicios, casos que fueron sobreseídos sumariamente sin una investigación completa o por no corresponder a delitos de carácter penal.
«Desde 2014, muchas personas han sido asesinadas por derechos económicos y sociales, no solo por derechos políticos. (…) Hay muchos actos de tortura, incluidos actos de violencia sexual. Las víctimas denunciaron el crimen en vano. No fueron contactados ni informados sobre las medidas procesales ni sobre cualquier otra diligencia adoptada, de hecho, fueron amenazados”, enfatizó.
El abogado italiano reiteró que las víctimas no fueron meros observadores del proceso de la CPI, “fueron participantes en la búsqueda de la verdad y sus historias son importantes para establecer la verdad y el contexto (…) Al considerar las opiniones de las víctimas, “Corte demuestra su compromiso de ser un verdadero instrumento de justicia y verdad”.
procesamiento seguro
En su conclusión, la Fiscalía sostuvo que el Consejo de Instrucción no había logrado demostrar que fuera irrazonable y concluyó que los procedimientos reflejados en Venezuela no eran consistentes con lo que la Fiscalía había establecido para investigar.
Se realizó una evaluación integral del asunto y se descartó por dos factores: porque Venezuela no investigó la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y se centró en los perpetradores, comentaron los abogados de bajo nivel. Tampoco se reflejan los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
Señalan que existen períodos de inactividad investigativa inexplicable y se basan en una visión limitada del principio de complementariedad, argumentando que esta investigación podría considerarse una violación a la soberanía jurídica.
“Durante todo el proceso de apelación Venezuela parece haberlo enmarcado como si fuera para casos específicos, eso lo vimos cuando plantearon que se deben notificar causas específicas y debe haber simetría entre la información de la Fiscalía y el Estado. bajo el principio de no permitir la doble incriminación”, dijeron.
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