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Del 20 de septiembre al 30 de octubre el Estado intervino cuatro campos de reeducación en todo el país. Mediante operativos militares y policiales se cerraron los centros penitenciarios de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui) y La Pica (Monagas). El ministro del Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, calificó el despliegue de “exitoso”. Problemas que surgen después de la operación.
Por Sarahí Gómez / talcualdigital.com
En el balance que realizó Ceballos tras hacerse cargo de estas cárceles no se dieron detalles sobre el traslado de presos a otras instalaciones que presentaban altos índices de hacinamiento. Tampoco aclara si tomará medidas y determinará las responsabilidades de quienes controlan estas prisiones. No dijeron cuántas armas encontraron en el operativo ni cuánto tiempo llevaría restablecer las operaciones en las instalaciones penitenciarias en las que intervinieron.
Según Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las intervenciones que realiza el gobierno en los centros penitenciarios carecen de transparencia, pues hay muchas preguntas que no han sido respondidas por los encargados de las operaciones.
A raíz de las intervenciones en las cárceles surgieron interrogantes y dudas sobre los problemas pendientes. talcual Algún resumen:
Demasiado lleno de gente: Humberto Prado enfatizó que ningún penal del país tiene capacidad para recibir a presos expulsados de los centros penitenciarios intervenidos. Esto se debe al hacinamiento en las cárceles.
El OVP en su informe de 2022 señaló un grave riesgo de hacinamiento del 164,19% en las cárceles venezolanas. Veintiocho de los 45 centros penitenciarios que funcionaron ese año excedieron su capacidad instalada y estaban superpoblados.
Antes de su funcionamiento, explicó Prado, los centros de detención de intervención tenían una población que superaba el 40% de su capacidad instalada, lo que implicaba un severo hacinamiento.
Actualmente diez centros penitenciarios en Venezuela se encuentran cerrados: Penitenciaría General de Venezuela, La Planta, Centro de Detención Judicial de San Fernando de Apure, Centro Penitenciario Nacional de Maracaibo, Tocorón, Centro de Detención Judicial Rodeo I, Centro de Detención Judicial de Los Llanos, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
Retrasar el procedimiento: Prado advierte que con el traslado de presos surgirá otro problema, ya que se retrasan los procesos judiciales de los presos y aumentan las demoras procesales, que, según cifras del OVP, ya están en el nivel 70%.
«Los presos de Tocuyito, que han sido trasladados a Barquisimeto y otros penales vecinos, ¿cómo serán trasladados para ser juzgados? ¿Cómo visitarán los familiares a sus seres queridos? Al resolver un problema, se crea otro”, afirmó el experto.
Reasentamiento de prisioneros: Otro problema que surgió durante la intervención fue hacia dónde trasladar a los detenidos y la falta de información oportuna. OVP asegura que muchos familiares de presos solicitan listados a los responsables de realizar estas actividades para saber a qué prisión envían a sus seres queridos.
Según información dada a conocer por la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, el 28 de octubre, el número de presos detenidos en el penal de Tocuyito Fue trasladada a centros penitenciarios de los estados Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre, Anzoátegui y Barinas.
En Puente Ayala, el Ministro del Interior y de Justicia dijo que 1.511 presos habían sido trasladados temporalmente a otros centros de detención, sin especificar cuáles. En el caso de La Pica, intervenido el 3 de noviembre, Ceballos informó que 1.496 presos fueron trasladados al Centro de Formación de Novatos Nelson Mandela.
Los datos son inciertos: Otra cuestión que se plantea respecto de los trasladados desde Tocorón es la disparidad en el número de presos. “¿Por qué el penal de tener una población de unos 5.500 presos pasó a albergar a 3.000 presos y ahora hay unas 1.500 personas en este penal? ¿Dónde están esos presos desaparecidos?”, se preguntó el OVP tras la intervención en Tocorón.
Se desconoce el paradero de Pranes: Las cárceles de intervención están todas bajo el control de los pranes, quienes ejercen el poder dentro de la prisión. En Tocorón, el bromista fue Héctor “el Niño” Guerrero, quien también encabeza la superbanda El Tren de Aragua, que, según investigaciones de prensa y reportes oficiales, tiene presencia en varios países de América Latina. A más de un mes de la intervención de Tocorón, su paradero sigue desconocido.
“El Niño” Guerrero se encontraba en plena libertad al momento de la intervención de Tocorón, confirmó el propio Ceballos. Sin embargo, el pran permanece en la prisión para ejercer control sobre la población carcelaria mediante la recopilación de casos, la imposición de castigos y la adhesión a su estructura criminal. Lo mismo pasó con Néstor Richardi Sequera, el chiste de Tocuyito, quien cumple condena desde 2018 y decidió seguir viviendo en prisión, donde incluso montó un estudio de música.
Aunque el ministro del Interior y de Justicia no se pronunció sobre Richardi, extraoficialmente se informa que el bromista de Tocuyito se encuentra detenido en la sede del Sebin, en El Helicoide. En el caso de La Pica, el bromista fue Pedro Miguel González Mata, conocido con el sobrenombre de “Pedro El Rapidito”, quien junto a sus hermanos extorsionaban en Monagas y cometían otros delitos, se entregó tras tomar el penal.
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