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Una vez más, la jueza Antiterrorista Grendy Alejandra Duque Carvajal condujo un juicio, recabando pruebas a través de llamadas telefónicas que realizó a funcionarios de la DGCIM, “quienes poco o nada sabían” del caso, alegando que solo brindaron seguridad durante el proceso.
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
Las credenciales de los agentes no coinciden con las que figuran en el expediente”. La imagen de un testigo estrella o de un patriota cooperante se repite como en otros casos. Las pruebas que se creía incautadas fueron destruidas. Funcionarios de la DGCIM testificaron a través de llamadas telefónicas.
Los acusados fueron torturados psicológicamente, violaron el debido proceso y se les negó la defensa durante muchos meses. Este es el caso de 3 militares retirados y un policía en activo, sentenciados el 9 de mayo de 2023; Según la ley, el juez debería haber anunciado el veredicto diez días después, pero tuvo que esperar casi seis meses.
Aún no eran las 5 de la tarde cuando el 18 de diciembre de 2020, el Coronel (Av) Eddy Carlos Jordán Azavache (68 años), su hijo S/2 (Av) Gabriel Alejandro Jordán Padrón (30) y Mi (Ex) Niuman Rafael Sequera Gómez (47); Ambos están retirados de las Fuerzas Armadas. Además del oficial activo de la policía del estado Miranda, Jairo Eliezer Gutiérrez Belisario (49 años).
Horas antes, Alirio de Jesús Ochoa Gil (67 años) fue detenido por posesión de un detonador eléctrico, el cual era material minero que debió adquirir legalmente porque tenía el recibo de compra.
Cuando la Dgcim revisó el celular de Ochoa se dio cuenta que la última llamada realizada fue al oficial de la Policía, Gutiérrez, quien conocía al coronel y había salido con unos amigos en el municipio Rosaleda Sur, municipio de Salias, estado Miranda. . Con base en esta información, funcionarios de la Dgcim se dirigieron a La Rosaleda, donde detuvieron a tres militares.
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