El marco legal, la burocracia y los vacíos regulatorios han complicado muchos de los procedimientos necesarios para fomentar el ecosistema de startups en el país, a pesar de que hace dos años se aprobó una ley que ha tenido en cuenta estos factores.
Presidente de la Cámara Empresarial de Venezuela (cavempero), Elías Rodríguez, propuso a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 una reforma que cambiaría aspectos de la Ley de Promoción y Desarrollo de Nuevas Empresas, que fue aprobada por el mismo congreso apenas dos el año pasado.
Si bien Rodríguez considera positivo el balance de este instrumento legal, aclara que existen ciertas lagunas que deben corregirse para facilitar la creación de nuevos proyectos empresariales y el acceso a financiamiento, una de las premisas de la ley que finalmente fue vulnerada.
«Hemos presentado algunas propuestas para un proyecto de reforma, pero en general es muy positivo. Ha visibilizado la zona empresarial. Ahora hay que apuntalarlo con políticas públicas que permitan que estos modelos de negocio perduren en el tiempo”, argumentó en entrevista con radio sindical.
Cuando se apruebe la ley, talCual publicó un trabajo titulado «La recién aprobada Ley de Empresas aún carece de condiciones para su aplicación» en el que advierte que no existen condiciones suficientes para aplicar todos los elementos establecidos en este instrumento.
Según Rodríguez, aunque la ley enfatiza el otorgamiento de préstamos para financiar nuevos proyectos empresariales mediante la creación de carteras de crédito y fondos para emprendedores, los bancos aún tienen dificultades para aprobar estos préstamos debido a las políticas restrictivas del Banco Central de Venezuela (BCV), como como altas reservas legales que existen desde hace más de tres años.
«Tenemos una cartera específica para emprendimientos y un fondo para emprendedores, además de la Bolsa de Valores de Caracas. Hay varias oportunidades de financiamiento, pero tenemos limitaciones a nivel bancario con reservas regulatorias, lo que reduce la capacidad de los bancos para ejecutar efectivamente estas carteras de crédito”, enfatizó.
Las reservas legales del banco se mantienen en 73%. Esto significa que 73 de cada 100 bolívares que los bancos reciben en depósitos deben conservarse y no utilizarse para prestar.
Al momento de fijar este porcentaje, Nicolás Maduro prometió que lo reduciría gradualmente como parte de una política de ampliación de la base crediticia del país, pero 20 meses después, la tasa sigue igual.
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Además del acceso al crédito, Rodríguez también advirtió que persisten trabas burocráticas, otro de los aspectos que aborda la ley anunciada en 2021, al ordenar la simplificación de trámites para “establecer y desarrollar nuevos proyectos empresariales”.
Según Rodríguez, esta simplificación no se da porque se necesitan al menos 60 días para formalizar una empresa mixta, mientras que en otros países el proceso se puede completar en unos días a través de internet.
Uno de los principales obstáculos es el vacío en el Registro Nacional de Empresarios, mecanismo creado para formalizar esta actividad, ya que se emiten tarjetas que acreditan personalidad jurídica incluso a quienes están reconocidos por el Seniat como personas naturales. Esta imprecisión genera confusión en los bancos a la hora de aprobar procedimientos.
“La ley otorga estatus legal a todos. Los bancos no saben cómo identificar a la persona que emite el certificado comercial. Un representante de la cámara aclaró: “Hemos propuesto aclarar este punto para crear condiciones favorables para la realización de estas carteras de crédito”.
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