Un comunicado del presidente de Nicaragua indicó que 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la tarde del miércoles
Carta: RFI/AFP
Según un comunicado oficial, 12 sacerdotes “juzgados” en Nicaragua por diversos delitos, la mayoría de ellos encarcelados o bajo arresto domiciliario, y críticos con el gobierno de Daniel Ortega, han sido enviados este miércoles a Roma tras un acuerdo con el Vaticano.
“Se ha llegado a un acuerdo” con la Santa Sede “sobre el traslado al Vaticano de 12 sacerdotes que, por diversos motivos, han sido acusados y llegaron a Roma, Italia, esta tarde”, decía el anuncio del gobierno.
En el grupo no está el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega y que prefiere la cárcel al exilio.
El comunicado oficial no detalla los cargos por los que se procesa a los sacerdotes ni aclara cuántos sacerdotes se encuentran encarcelados o bajo arresto domiciliario.
Los medios de oposición afirman que los sacerdotes son “presos políticos” y fueron detenidos por criticar al gobierno o apoyar las protestas de 2018.
Agregaron que dos de los sacerdotes cumplen condena en un centro penitenciario tras ser condenados por delitos comunes en “juicios amañados” en 2022 y otros religiosos han sido detenidos en celdas policiales o puestos bajo arresto “de casa a prisión” dentro de la prisión. jardines. Iglesia.
Según Naciones Unidas, las relaciones entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioraron en medio de poderosas protestas contra Ortega en 2018, que duraron al menos tres meses con bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y partidarios del gobierno, que dejaron más de 300 personas muertas.
El gobierno considera las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, así como organizaciones internacionales, lo acusan de reprimir a la oposición.
Algunos religiosos han recibido la orden de abandonar el país o han sido imputados ante los tribunales, como Álvarez, obispo de Matagalpa, condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses por difundir noticias falsas y desacato, entre otros.
Un día antes, el obispo se había negado a viajar a Estados Unidos con 222 opositores encarcelados y expulsados del país. Fue despojado permanentemente de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y tildado de “traidor a su país”.
*Leer más: CIDH otorga medidas cautelares al obispo nicaragüense Rolando Álvarez
Tensiones entre Nicaragua y el Vaticano
El caso Álvarez es uno de los temas que genera tensión entre el gobierno de Ortega y la Iglesia católica, mientras que las relaciones diplomáticas de Managua con el Vaticano corren riesgo de ruptura.
El Papa Francisco llamó al gobierno de Ortega una “dictadura grosera” a principios de marzo del año pasado, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua confirmó que se había propuesto una “suspensión de las relaciones diplomáticas” con la Santa Sede.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. El año pasado, Ortega expulsó al nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag.
En agosto, Nicaragua revocó el estatus legal de la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua por presunto “terrorismo”, así como la residencia de sacerdotes cerca del campus.
El acuerdo anunciado este miércoles con la Iglesia católica, añadió el Gobierno, “demuestra la voluntad y el compromiso de largo plazo para encontrar soluciones, reconociendo y alentando tanta fe y esperanza que siempre promueven los creyentes nicaragüenses, que son mayoría”.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones al gobierno de Nicaragua por sus medidas contra manifestantes.
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