Entre los delitos que imputan a Guaidó se encuentran traición a la patria, usurpación de cargo, lucración con dinero, valores o bienes públicos, lavado de dinero y asociación delictuosa.
El extinto fiscal general designado por los electores, Tarek William Saab, acusó al expresidente de la Asamblea Nacional (AN) y expresidente interino, Juan Guaidó, de “causar pérdidas al Estado por unos 20.000 millones de dólares”, después de que el gobierno federal de Delaware tribunal emitió su fallo. El gobierno publicará documentos sobre la posible liquidación de Citgo, filial estadounidense de PDVSA, debido a los miles de millones de dólares de deuda que debe contraer Venezuela.
Saab designó a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional dependiente del Ministerio Público para girar una nueva orden de aprehensión contra el Venezuela Informa de Voluntad Popular. Además de anunciar que solicitará a Interpol que emita una alerta roja para su búsqueda y arresto internacional, ya que el acusado se encuentra en Estados Unidos.
“Haremos el correspondiente pedido de alerta roja a Interpol para que esta persona deba pagar el precio de los crímenes que ahora conoce y publicita la justicia norteamericana (…) Solicitamos la entrega de este tema al país para que pueda hacer justicia”, enfatizó el funcionario.
También repasó las investigaciones contra Guaidó y otros Venezuela Informaes opositores vinculados al Gobierno Interino, recordando que el expresidente de la AN electo en 2015 había sido nombrado en 28 casos abiertos por el Ministerio de Obras Públicas.
«Se emitieron un total de 288 órdenes de aprehensión, de las cuales 129 personas fueron detenidas e imputadas. Otras 13 personas tienen pedidos de extradición, se sumará un pedido de extradición número 14 cuando tengamos los trámites mencionados (contra Guaidó)”, explicó.
Esta nueva acusación se integra a las investigaciones previamente abiertas por el Ministerio Público de Saab, quien reiteró que entre los delitos que imputan a Guaidó se encuentran traición a la patria, usurpación de funciones, apropiación de lucro con dinero, valores o bienes públicos, lavado de dinero y asociación delictuosa.
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Él documento El que mencionó Saab resume las exigencias de diversos acreedores de PDVSA contra Venezuela, quienes exigen la subasta de Citgo para cubrir parte de las deudas del Estado venezolano.
El documento judicial explica que la defensa de PDVSA para evitar pagar los más de $20.000 millones que debe es argumentar que es una entidad independiente del Estado venezolano. Por lo tanto, si el Estado está endeudado, Pdvsa –específicamente su filial, Citgo– no debería utilizarse como garantía para pagar la deuda.
Sin embargo, los demandantes utilizaron varios argumentos para borrar la separación entre el Estado y PDVSA, considerando a la empresa un “alter ego” de Venezuela. Según el documento, esto ocurrió al menos desde agosto de 2018 hasta octubre de 2022.
En este sentido, Saab acusó al equipo judicial designado por Guaidó -reconocido por Estados Unidos como el representante legítimo del Estado venezolano- de crear una imagen de “alter ego” para la empresa, haciendo que sus dueños, los deudores de Venezuela, pudieran apuntar a Citgo en un esfuerzo para cobrar la deuda.
«Este gobierno desacertado obligó a Pdvsa a aceptar las condiciones marcadas por Juan Guaidó, utilizando la imagen del Gobierno Interino para acordar una supuesta recapitalización. De esta manera prácticamente entregó a Citgo. Los argumentos para que Citgo sea considerado un alter ego venezolano los esgrimió el abogado designado por Juan Guaidó, Juan Ignacio Hernández”, enfatizó Saab.
Pese a los cargos y al complicado proceso judicial, el documento demuestra que PDVSA es considerada un “alter ego” desde 2018, cuando el cargo no fue reconocido temporalmente por Estados Unidos.
Por otro lado, Saab afirma que la deuda de Venezuela ha aumentado de sólo 3.700 millones de dólares a 20.600 millones de dólares debido al liderazgo de la oposición, a pesar de que estas deudas provienen de acreedores que han demandado a Venezuela porque el gobierno chavista no pagó ni confiscó.
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