Colombia, Ecuador, Perú y Chile “ICumplen con sus obligaciones internacionales” para proteger a los migrantes que huyen de Venezuela, denunció este jueves Amnistía Internacional (AI) en el informe “Regularización y Protección”.
Según el documento, en estos cuatro países vive casi el 70% de la población. 7,3 millones de ciudadanos venezolanos quienes huyeron “debido a la emergencia humanitaria compleja y las graves violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país”.
Se trata de una migración comparable en escala a las registradas huyendo de la guerra en Siria o la migración en el Mediterráneo occidental, que afecta a todos los países de la región de América Latina y el Caribe.
¿Qué problemas tienen estos países?
dijo Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI Efe que estos países tienen “algunos problemas comunes”, por ejemplo limitaciones en el acceso a servicios básicos y retrasos en la regularización de su estatus migratorioademás de la falta de protección para quienes entran dentro de la definición de refugiados bajo la Declaración de Cartagena de 1981.
“Esto significa que los cuatro países que hacen esta definición (refugiados desprotegidos) deberían poder proteger a estas personas, y rara vez lo hacen. El número de personas reconocidas como refugiados es muy bajo”, subrayó Neau.
“En Perú el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en 2022 solo cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Allí se ven violaciones de derechos humanos y bloqueos del acceso al asilo”, añadió el experto.
El sistema de asilo está debilitado
El informe de AI destaca que los países han investigado “No priorizan el uso de números de refugiados“, ignore la definición extendida de Declaración de Cartagena consagrados en la legislación nacional para proteger a este grupo poblacional, víctima del desplazamiento forzado.
La agencia alega que muchos programas de protección temporal para inmigrantes venezolanos son de difícil acceso debido a la “imposibilidad de cumplir con los criterios”, restricciones de estudio o trabajo, sistemas de salud y falta de enfoque de género.
“Los países deben garantizar el derecho a solicitar asilo, reconociendo que los venezolanos pueden ser refugiados. Eso requiere fortalecer su sistema de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida formal debe cumplir con garantías mínimas y asegurar el principio de no retorno”, afirmó Neau.
Cooperación internacional
Muchos Venezuela Informaes regionales han pedido una respuesta conjunta a esta crisis humanitaria, aunque hasta el momento no ha habido resultados.
“Ha habido una falta de coordinación entre los gobiernos de la región, como cuando Chile militarizó y cerró sus fronteras, mientras que Perú y Bolivia respondieron de manera similar, dejando a muchas personas varadas en la frontera por género y en condiciones muy precarias”, dijo. dicho. investigadores.
La falta de voluntad política y el discurso interno que vincula la migración de venezolanos con el fenómeno criminal han colocado a estas personas en una situación complicada, donde “la mayoría necesita protección internacional”.
La organización llamó a la región a “redoblar esfuerzos” para dar respuestas “adecuadas” a la gravedad de la crisis, “adhiriendo a los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de los refugiados”.
El informe concluye: “En particular, la organización recomienda que todos los países que acogen a venezolanos, y especialmente los cuatro países analizados en este informe, garanticen el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición humana de refugiado”.