El sector de alimentos en Venezuela ha representado durante muchos años una importante fuente de negocios para todas las empresas que han buscado obtener grandes cantidades de divisas preferenciales para la importación o para aquellas que han obtenido contratos importantes y poco transparentes con el Estado , ha llamado la atención de al menos 11 de los acusados de prácticas corruptas con PDVSA, según una investigación de Transparencia Venezuela.
Al menos 26 de las 105 empresas vinculadas a las investigadas en el esquema de corrupción más reciente de Petróleos de Venezuela, conocido como Pdvsa Cripto, han apuntado a actividades relacionadas con el sector de alimentos, para fabricar, vender, almacenar, comercializar o importar maquinaria industrial, según información publicada por la organización transparencia venezuela.
El sector de alimentos en Venezuela ha representado durante muchos años una importante fuente de negocios para todas las empresas que han buscado obtener grandes cantidades de divisas preferenciales para la importación o para aquellas que han obtenido contratos importantes y poco transparentes con el Estado , ha llamado la atención de al menos 11 imputados en denuncias de corrupción con PDVSA.
Según una investigación publicada por Transparencia Venezuela, 26 empresas identificadas del sector alimentos manejadas por 11 imputados del Ministerio Público han firmado contratos con organismos estatales como Mercado de Alimentos SA (Mercal), Cadena de Tiendas Venezuela SA (Cativen), Ministerio de Cámara Nacional, alcaldeentre otros.
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Del total de empresas, poco más de una decena se dedican al sector de alimentos, teniendo el resto un público empresarial muy amplio, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Varias empresas modificaron continuamente la entidad para constituir una empresa y declararon al mismo tiempo participar en actividades relacionadas con 10 sectores económicos, incluidos medicamentos, cosméticos, construcción, transporte, suministros y maquinaria para la industria petrolera.
Al servicio de Mercal
Entre los acusados de la conspiración de Pdvsa Cripto destaca Johanna Lisseth Torres Ojeda, una empresaria que supuestamente presumía en las redes sociales de una vida de lujos, incluyendo un avión y un apartamento en Dubái. En videos publicados asegura tener ciudadanía emiratí y desde su residencia en el emirato llegó a exhibir un maletín que contenía al menos 15 lingotes de oro. Torres Ojeda es conocida como la “Reina de la Fruta” en referencia a un cartel colocado en la carretera Francisco Fajardo, en Caracas, en el que aparecía para publicitar su negocio de comercialización de alimentos.
Según RNC, Torres Ojeda tiene contactos con cinco empresas especializadas en el sector de alimentos. Dos de ellas, Asociación Cooperativa La Región 82468 RL y Cooperativa Granos de Maíz 6521 RL han suscrito al menos 18 contratos con Mercal SA, para el suministro de materia prima para el Programa Escuelas Nutritivas (PAE) en Anzoátegui, programa del Gobierno establecido en 1996 y basado en la provisión de alimentos a los estudiantes del sistema educativo público para “asegurar el aprendizaje de las consonantes para las personas“.
Un informe especial de la Contraloría General de la República en 2013 reveló que el PAE está activo “sin controles financieros mínimos”. Tras examinar 42 instituciones educativas de Caracas, el regulador concluyó que el programa carece de planificación, fiscalización y control interno, y que empresas y cooperativas, entre ellas Mercal y Pdval, subieron las cuentas y defraudaron al Estado.
Según testimonio de Transparencia Venezuela en 2015, las comunidades tuvieron que organizarse para pagar el transporte y encontrar suministros en Mercal y Pdval, que muchas veces estaban desactualizados o incompletos. Además, las madres procesadoras de alimentos denunciaron que hubo una anomalía en el pago que debieron recibir del PAE, dependiente del Ministerio de Educación.
Las empresas de Torres Ojeda, que fueron contratistas de Mercal, comparten un objeto social, que comprende también el suministro de material quirúrgico. Si bien la RNC indicó haber celebrado convenios con el sistema público de salud para vender insumos médicos a hospitales y laboratorios, no precisó los nombres de estas organizaciones ni la fecha del contrato.
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Una de las otras empresas afiliadas al ex socio de Torres Ojeda es la Asociación Cooperativa El Gran Prestigio RL. En 2017 firmó un contrato con el CNU para la venta de alimentos y otro con el Fondo Nacional de Tecnología e Innovación. En ese momento, Hugbel Roa era ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por lo que presidía el CNU y controlaba el fondo.
El 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público ordenó la detención de Johanna Torres Ojeda por lavado de activos y asociación para delinquir. Se ha señalado que las investigaciones preliminares verificaron la gran riqueza ilícita de Johanna Lisseth Torres Ojeda a través de una estructura delictiva que incluye testaferros, cabilderos, escoltas y agentes, que le permitió recibir contratos ilegales de freelance emitidos por PDVSA y el Ministerio de Seguridad Pública. Alimento. Sin embargo, la detención se realizó en marzo de 2023, según información proporcionada por la Fiscalía.
En el caso de Barrios Vivas, respecto del ex vicepresidente de Comercio y Abastecimiento, Antonio Pérez Suárez, existen al menos cuatro empresas que consideran el sector alimentario como parte de su objeto social. Este empresario es uno de los investigados que más ha contratado con el Estado: desde la venta de alimentos y caucho hasta ropa.
Otros empresarios que incluyen al sector de alimentos en el objeto social son Juan Manuel Afonso López, Manuel Ramón Afonso López, Bernardo Andrés Arosio Hobaica, Fernando José Bermúdez Ramos, José Luis Ferrandiz Laya, Salem Hassoun Atrach, Leonardo Enrique Torres Naim, Olvany Marian Gaspari Bracho ,
En marzo de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública aseguró que una red de altos funcionarios, empresarios y ejecutivos financieros presuntamente realizaban actividades petroleras ilegales sin tener en cuenta las disposiciones del contrato o control administrativo. Según la estimación de Transparencia Venezuela y Ecoanalítica, al menos 16.650 millones de dólares de la República están involucrados en el complot.
En estas actividades participó un grupo de personas con conexiones con altos funcionarios del Estado y empresas fundadas en Venezuela (68), Panamá (18), EE.UU. (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2). . ), Malta (1) y Chipre (1).
En mayo de 2023, Transparencia Venezuela solicitó a la Fiscalía detalles sobre este esquema de corrupción: quiénes participaron y aprobaron las actividades, cuánto dinero se comprometió, dónde se ubicaron los detenidos y el estado de la causa, así como qué controles administrativos han sido sacados. No pueden hacer cumplir actividades ilegales.
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