Human Rights Watch (HRW) señaló que se necesita el apoyo de los países de la región para que Nicolás Maduro coopere con la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI).
El 27 de junio de 2023, los jueces de la CPI anunciaron que podría proceder una investigación por parte de la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Esta decisión sigue a una solicitud del fiscal de la CPI de continuar con la investigación luego de que, en abril de 2022, la administración de Nicolás Maduro solicitara a la corte que se remitiera a las investigaciones del propio Estado venezolano.
“Las autoridades venezolanas tienen la obligación legal de cooperar con la CPI”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, y agregó que “otros estados miembros de la CPI, particularmente en América Latina, deben hacer todo lo posible a través de la diplomacia para garantizar que el gobierno de Maduro cumpla con esta obligación”.
La CPI carece de una fuerza policial, por lo que depende de los estados miembros para cooperar con los tribunales en las investigaciones, arrestos y enjuiciamientos. Human Rights Watch dijo: “La cooperación con la Fiscalía será fundamental para el éxito de la investigación de la CPI.
Human Rights Watch señala que incluso si se reanuda la investigación, “la CPI puede desempeñar un papel importante en el apoyo a los esfuerzos judiciales nacionales, incluso si son paralelos a las investigaciones de la propia Corte.
Con información de Inercia.
