Los jueces de la CPI Péter Kovács (Presidente de la Sala de Cuestiones Preliminares I), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera destacaron que “sobre la base de las numerosas alegaciones hechas por Venezuela, la Sala concluyó que Venezuela parecía admitir que no estaba investigando los hechos subyacentes”. alegaciones fácticas y elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”.
La sala de interrogatorio preliminar que autoricé este martes 27 de junio a la Fiscal de la Corte Penal Internacional para continuar investigando denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En su decisión, publicada por la Sala en sitio web de la CPIlos jueces relataron la llamada situación de Venezuela I, la actuación del fiscal Karim Khan y los recursos utilizados por el gobierno de Nicolás Maduro para retrasar la investigación.
Los Jueces Péter Kovács (Presidente de Sala), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera destacaron que “sobre la base de numerosos argumentos presentados por Venezuela, la Sala sostuvo que Venezuela parece admitir que no investiga alegaciones fácticas subyacentes y elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”.
Señalan que el Estado venezolano investiga casi exclusivamente menos de la mitad de los casos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. Los casos tampoco están totalmente respaldados a la hora de identificar actividades delictivas realizadas por personas designadas y, en algunos casos, difícilmente se consideran violaciones de derechos humanos a pesar de los delitos, el delito específico se define como tortura.
La habitación indica que fuera logró identificar dos muestras: primero, más de la mitad de las investigaciones en Venezuela se abrieron entre 2021 y 2022, a pesar de que los crímenes se cometieron en 2017; y segundo, investigaciones que muestran largos períodos de inactividad, durante los cuales no se ha considerado la relevancia de estos reclamos.
Los jueces del Cuestionario Preliminar incluso determinaron que en las tres cuartas partes de los casos presentados por Venezuela, el sospechoso o sospechosa no había sido identificado por las autoridades.
“Solo en un número muy pequeño de casos se ha identificado a un sospechoso, acusado y/o se ha tomado una decisión judicial sobre la responsabilidad penal del acusado. Sin embargo, estas circunstancias son muy limitadas y, por las razones expuestas, no es posible cambiar la decisión general de la Sala”.
Otro problema que identificó la Sala fue el hecho de que el foco de las investigaciones internas “parece ser generalmente perpetradores directos/de bajo nivel”. La CPI solo investiga a los máximos autores de los crímenes investigados.
Las investigaciones internas, como ha demostrado el Fiscal de la CPI, “no parecen reflejar adecuadamente los tipos de delitos que el Fiscal pretende investigar, con especial atención a la intención discriminatoria de los fiscales”. naturaleza sexual”. .
La Sala señaló que su decisión también estaba en consonancia con Opiniones e inquietudes expresadas por las posibles víctimas de esta situación, en el informe enviado en mayo.
Los jueces también señalaron que el gobierno de Maduro utilizó varios argumentos ajenos al artículo 18, número 2, del Estatuto de Roma, documento que rige la CPI.
La Sala recuerda al Estado de Venezuela que en esta etapa de la investigación corresponde a la Fiscalía de la CPI y no al referido caso decidir el interés o la gravedad suficiente para iniciar este proceso, con base en el interés superior de la justicia.
Explicaron que ello no impide que Venezuela aporte en el futuro documentación a la Fiscalía o a la Sala para determinar la inadmisibilidad de manera adicional, “mientras sea necesario dentro de los límites que se establecen específicamente en los artículos 18 y 19 del Reglamento”. Además, cuando la Fiscalía presente un caso de hecho, podrá realizar otra valoración de admisibilidad.
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