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El 30 de julio de 2017, José Leopoldo Matos ganó su primer sufragio universal en las urnas: un escaño en la malhumorada Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro había patrocinado y designado en 2018. Tres años después, el 6 de diciembre de 2020, Matos lo volvió a hacer , pero esta vez como candidato a la curul chavista por la lista del estado Guárico, en la región de los Llanos, centro de Venezuela, del partido Patria Para Todos (PPT), parte del Gran Polo Patriótico oficial del bloque.
Por MARCOS DAVID VALVERDE / ArmandoInformación
Desde ese año 2017, la vida partidista y parlamentaria de Matos (67) ha estado marcada por tres constantes: una es su lealtad al chavismo-madurismo; otro, que tarde o temprano dejará de ser empresario contratista del Estado; y tercero, no ocultar su papel de proveedor al Estado, aunque sea contrario a las normas venezolanas.
Los instrumentos legales, a partir de la Constitución vigente -“Chávez”, diciembre de 1999-, que prohíben explícitamente a un funcionario, especialmente a un diputado, hacer negocios con el Estado, parecen ser letra muerta no sólo para Matos, sino para los medios oficiales que suelen difundir sus actividades comerciales.
Tener al Estado en su cartera es obra de José Leopoldo Matos. Para ello, utilizó una empresa que fundó en 2006, Silos Mantenimiento de Cereales, CA (Silmaca). Con ello, al menos desde 2016, a través de alianzas estratégicas y acuerdos consagrados en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Matos ha llevado su producto estrella, la harina de maíz Doña Goya, a las cajas y bolsas de la Comisión Local de Abastecimiento y Fabricación. (CLAP), principal programa de asistencia social y clientelismo del régimen.
La tensa dualidad de Matos como legislador revolucionario y empresario se ha normalizado en los medios estatales. Pero hay otro aspecto controvertido de esta cifra, que documentos obtenidos por Armando.info ahora destacan: Matos acumuló deudas tanto con los bancos estatales de Venezuela como con financistas privados. Mientras el dueño de Silmaca -y un escaño en el parlamento en Guárico- por un lado recibió elogios de la propaganda oficial como prueba viviente del éxito de las políticas económicas y de coalición de la Revolución Bolivariana autodenominada con el empresariado patriota, por por otro lado disfruta de ventajas inusuales, como créditos más blandos del Estado y una morosidad casi inaceptable.
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