Según el Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, hubo 20 casos de discurso de odio en los cuatro meses de 2023, casi el mismo número que se registró en 2022 (22 casos).
Caracas. “Marzo es un mes que representa el discurso de odio emitido por funcionarios o el público. Esto es muy preocupante porque en los cuatro meses de 2023 casi hemos llegado a la misma cifra que en todo 2022.“dijo Glorilis Pérez, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ en Venezuela.
Lo que mencionó el investigador no es una exageración, pues según las estadísticas del observatorio, fue en 2022. 22 casos de discurso de odio Contraste eso con la población gay, lesbiana, bisexual, transgénero, intersexual y queer (LGBTIQ+), mientras que en 2023, a fines de abril, el número era de 20.
Explicó que los discursos de odio atenta contra la dignidad de las personas de la comunidad y hay un agravante: estos discursos en muchas ocasiones Realizado por funcionarios gubernamentales o personalidades vinculadas al Estado de VenezuelaLos mismos que deben velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Jeffrey Rodríguez, coordinador y asesor legal del Observatorio, dijo que es preocupante que estas personas utilicen sus plataformas y medios para difundir mensajes en contra de la comunidad LGBTIQ+, ya que tienen un gran poder de alcance e influencia.
Es muy alarmante porque el odio es propagado por funcionarios del estado donde estas personas tienen influencia, no solo con su poder de convocatoria sino también con el poder de influir en el pensamiento y el comportamiento de las personas. Esto aumenta el número de violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela“comentó.
En esta línea, Rodríguez describe el espacio de la comunicación “extremadamente violento” para las personas LGBTIQ+ y cuestionó si los medios de comunicación y los periodistas se sienten “Con la propiedad de hablar de nosotros sin conocernos“.
“Esto da como resultado que las personas heterosexuales cisgénero tengan el poder de hablar libremente sobre los genitales de las personas trans. Esto es normal y representa violencia.“Él explicó.
Sin ley ni consecuencia
La principal crítica de la activista de derechos humanos y coordinadora del Observatorio Yendry Velásquez es el discurso de odio. Ausencia total de medidas para prevenirlos o sancionarlosUna situación que, comentó, se generaliza a cualquier forma de violencia contra las personas LGBTIQ+.
“Venezuela es uno de los últimos países de la región en garantizar estos derechos a este segmento de la poblaciónNi matrimonio igualitario, ni leyes de identidad de género, ni leyes que tipifiquen los delitos de odio como agravante del homicidio.“.
Velásquez citó la negativa del Estado a respetar el derecho a la identidad de las personas trans, incluida la garantía del cambio de nombre en el artículo 146 de la Ley del Registro Civil. Además de la no discusión del matrimonio igualitario en la Asamblea Nacional (AN), el mismo parlamento es plataforma de muchos para discursos de odio contra la comunidad, según él.
En el caso de la violencia existente, el Estado no ha hecho nada, no ha garantizado la justicia, pero no ha hecho nada para crear una política pública para evitar que suceda. Vemos discursos de odio cada vez más repetidos en lugares de poder. AN es uno de los principales espacios de promoción de este discurso“.
La activista manifestó su preocupación por el abordaje del Estado venezolano a las tendencias religiosas, que también se ha caracterizado por emitir retóricas en contra de la comunidad LGBTIQ+.
“Estas alianzas del Estado con las iglesias neopentecostales nos preocupan porque pueden verse como una carta abierta para continuar con este tipo de discurso. También nos preocupa algo que Espacio Público mencionó en su reciente informe: Concesiones de radio a iglesias evangélicasEstos son espacios potenciales para la proliferación de discursos contra la comunidad LGBTIQ+ y contra las mujeres“comentó Velásquez.
Actualmente, no existe una ley que proteja específicamente a la comunidad LGBTIQ+ o que tipifique los ataques y asesinatos contra sus miembros como delitos de odio. Tampoco existe una política de educación y concientización para los funcionarios del gobierno.
Para Velásquez, esta situación genera las condiciones para que estos discursos, y cualquier otro tipo de ataque que se haya registrado, se repitan con todo el apoyo, excluyendo al Estado venezolano.
“La no garantía de derechos y la política de estado de homofobia y transfobia, porque hay que decir que es una política de estado discriminar a las personas LGBRIQ+, no solo en la acción directa, sino también en la exclusión de las demandas que hemos hecho.“castigado
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